Un enseñanza menos pública

La enseñanza pública catalana representa algo más de la mitad del conjunto de los centros no universitarios. En el conjunto de España, los estudiantes escolarizados en centros públicos son prácticamente dos tercios. Estas cifras son casi homogéneas en todos los niveles obligatorios y sólo se quiebran al alza al analizar la situación del bachillerato. La enseñanza de estos cursos (desaparecido el viejo BUP y el COU) no es obligatoria y, por consiguiente, los centros privados que la imparten no reciben subvenciones de la Administración. Esto multiplica los costes y hace que los porcentajes de alumnos en centros públicos se eleven notablemente, tanto en Cataluña como en el conjunto de España.

Las cifras catalanas están ligeramente distorsionadas por la ciudad de Barcelona, donde la presencia de los centros privados es más alta que en el conjunto del territorio. La falta de plazas públicas y la política de apoyo del Gobierno de Jordi Pujol a las escuelas privadas ha sido uno de los lemas constantes de la izquierda política y sindical. Esta falta de plazas se inicia en la educación infantil, donde la escasa actuación del Ejecutivo resulta a veces paliada por la intervención de los ayuntamientos. El caso de Barcelona resulta, al respecto, paradigmático.

La izquierda denuncia que, al amparo de la reforma, se fomenta la degradación de los centros públicos, obligados a acoger a un alumnado conflictivo que no quieren los centros privados, y sin medios para prestarles la atención que estos alumnos requieren.