La Audiencia Nacional vive la decisión británica como un triunfo de sus tesis frente a las de la fiscalía

La decisión británica de acceder a la extradición del general Augusto Pinochet por todos los delitos de tortura por los que le reclama la justicia española se vivió ayer en la Audiencia Nacional como un triunfo de las tesis de esta jurisdicción, que sostuvo su competencia para juzgar al ex dictador chileno por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas. Así, el presidente de la Audiencia, Clemente Auger, manifestó: "Los sentimientos son intransferibles, complejos e incluso contradictorios, y no le importan a nadie. La resolución [en referencia a la decisión británica] acredita que los criterios que adopta este tribunal empiezan a ser aceptados por la comunidad internacional".Los jueces Baltasar Garzón y Manuel García-Castellón ya en 1998 defendieron su competencia, cuestionada por los fiscales. Después, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional proclamó por unanimidad el 29 de octubre de 1998 que la justicia española tiene jurisdicción para enjuiciar los crímenes cometidos en Argentina y Chile durante las respectivas dictaduras militares. Sin embargo, los fiscales Ignacio Peláez y Pedro Rubira, dirigidos por el fiscal jefe de la Audiencia, Eduardo Fungairiño, cuestionaron reiteradamente la legalidad de la decisión, planteando la cuestión, una y otra vez, en recursos de trámite o en recursos contra el procesamiento y prisión de Pinochet, aunque la cuestión de la competencia no fuera el objeto del recurso. La última vez se produjo en la vista contra el auto de prisión de Pinochet. La Audiencia Nacional, el 24 de septiembre pasado, tuvo que recordar de nuevo a los fiscales que, aunque la justicia británica acote el proceso de extradición a unas fechas determinadas, la justicia española le persigue por delitos de genocidio, terrorismo y torturas, y que sólo una vez que Pinochet sea entregado se acomodará el proceso a las limitaciones impuestas por el texto final del fallo de extradición.

Varapalo a la fiscalía

El triunfo, por tanto, se concreta entre los magistrados en el varapalo que la decisión de la justicia británica, al aceptar la extradición por todos los delitos que se reclamaban, supone para las tesis de la fiscalía. Algunas fuentes de la Audiencia se preguntaban cómo va a sostener ahora la fiscalía la tesis de que España no es competente para juzgar a Pinochet, cuando la competencia y la jurisdicción de España se reconoce en los foros internacionales.Ni Fungairiño, que ayer se sometía a una pequeña operación quirúrgica en un brazo, ni los otros fiscales que se han ocupado del caso se encontraban en la Audiencia Nacional cuando se conoció la noticia de la decisión británica.

Llamada de un amigo

El juez Baltasar Garzón permanecía en su despacho trabajando en una resolución mientras escuchaba música clásica cuando recibió la llamada telefónica de un amigo que le comentó la noticia. La fiscalía británica también se puso en contacto con el magistrado y le anunció que le remitiría la resolución por fax.Garzón declinó hacer cualquier tipo de comentario sobre la decisión, ni siquiera si estaba satisfecho, debido a que podría dar pie a una posible recusación posterior por pérdida de la imparcialidad objetiva. Sin embargo, es obvio que no podía estar descontento a la vista de que se habían aceptado todas sus tesis.

El juez, después de conocer la noticia, se reunió durante media hora con el presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, y se plantearon que será necesario adoptar una serie de medidas en cuanto a infraestructuras y seguridad para cuando se produzca la entrega efectiva del ex dictador chileno, que, a la vista de los posibles recursos que se planteen, se podría demorar un año.

Entre las medidas que sería necesario adoptar figurarían la incorporación a la Audiencia de jueces de apoyo con el fin de que el proceso y juicio contra Pinochet no provocasen el retraso de los restantes asuntos que se tramitan en el citado organismo. Al mismo tiempo habría que reforzar las medidas de seguridad para evitar cualquier incidente y también para la protección del acusado.

En medios jurídicos españoles ha agradado que el juez británico haya reconocido como torturas los 1.198 desaparecidos. Esa tesis, defendida por la fiscalía británica a instancias de Garzón y ahora avalada por el juez inglés, sostiene que los familiares de los desaparecidos son víctimas de torturas, al verse privados de sus familiares y al no habérseles notificado su paradero. Se trata de un delito que tiene la consideración de permanente, debido a que el hecho permanece en el tiempo, ya que todos ellos siguen actualmente desaparecidos.