El Ayuntamiento de Málaga tenía informes sobre los fallos del Palacio de Deportes antes de abrirlo

Entre junio y julio de 1999, los técnicos del Ayuntamiento de Málaga recibieron seis informes sucesivos de Cemosa -la empresa encargada de supervisar las obras- sobre las deficiencias del Palacio de los Deportes. Éste se clausuró el 22 de septiembre por razones de seguridad, sólo 18 días después de abrirse. Los cinco primeros documentos señalaban grietas en varios puntos del edificio; el sexto decía que, a 22 de julio, aún no se habían subsanado los problemas. Pero esto no es todo. Un informe de septiembre de 1998 advertía que los materiales que se usaron para los rellenos "no eran admisibles".

Todos estos datos se hicieron públicos ayer, en la Fundación Deportiva Municipal de Málaga, tres horas después de que la oposición accediese a la documentación que tiene el Ayuntamiento sobre el Palacio de los Deportes. Desde que se cerró el pabellón, PSOE e IU habían reclamado repetidamente el derecho a consultar la información disponible. Ayer, sus representantes mostraron los documentos y expusieron el resultado de su análisis, que, en ambos casos, concluía atribuyendo responsabilidades directas al equipo de gobierno del PP.Francisco Oliva, portavoz del PSOE, recalcó que las fisuras se conocían desde el 3 de junio. Dio un listado de los lugares en que se habían detectado las grietas, según Cemosa: en la fábrica de ladrillo, en la marquesina de la fachada posterior, en los cerramientos, en la solera de hormigón, en los falsos techos de escayola y en los alicatados. Oliva explicó que el seguimiento de las obras, recogido en actas periódicas, había sido muy detallado, "como para incluir la colocación de los portarrollos de papel higiénico o de las redes de las canastas", pero que se detenía el 22 de julio, sin más.

No sólo se acabaron las actas a partir del 22 de julio, explicó Oliva; también el libro de órdenes. "Desde ese momento no hay un sólo documento en el Ayuntamiento. Hemos preguntado a los funcionarios si hay algún documento en el que los técnicos digan qué ha pasado en ese tiempo", señaló Oliva, "pero sin ningún resultado".

El portavoz del PSOE denunció otro vacío documental entre el 30 de agosto, cuando se certificó la adecuación de la obra al proyecto, y el 22 de septiembre, día en que se anunció el cierre del palacio; desveló que el 7 de septiembre se había convocado una reunión porque una de las barras del techo se había desprendido, y que quedó sin reflejo en ningún acta. Oliva acusó al PP de "estar ocultando información", y pidió que se les permitiese "interrogar públicamente al concejal de Deportes y a los técnicos de la dirección facultativa de la obra".

José Luis Portillo, concejal de IU, se refirió al proyecto reformado, que aún no ha sido aprobado en el pleno del Ayuntamiento. Tampoco han encontrado, dijo, ningún indicio de que se hubiese aprobado en el seno de la Fundación. "Y es una modificación importante, porque afecta a la estructura del edificio, a la cimentación y a los pilotes". Portillo señaló que la constructora no había acatado las medidas recomendadas por Cemosa. En una zona del pabellón, según el informe de esta empresa, los pilotes debían tener 10 metros -no más-; en otra debían medir 25 metros. Sin embargo, reveló Portillo, Ferrovial eligió en todos los casos pilotes de 12 metros.

"Hay una responsabilidad técnica directa de Ferrovial", señaló el concejal de IU, "pero también de la alcaldesa". "¿Cómo es posible", se preguntó, "que, teniendo toda esta información, el Ayuntamiento se atreviera a inaugurar el Palacio de los Deportes con 8.500 personas dentro?".

Javier Berlanga, concejal de Deportes, rechazó estas acusaciones: "El pabellón se abrió cuando lo dijeron los técnicos, y se cerró desde que se percibió algún peligro". Negó tener constancia de estos informes, y aseguró que el Ayuntamiento hubiese retrasado la apertura del palacio en caso necesario.

Oliva y Portillo coincidieron también en denunciar que el expediente del palacio no estaba foliado, de modo que, adujeron "cualquiera podría añadir o quitar documentos". Lamentaron que no se les permitiese hacer fotocopias para analizar mejor los documentos y acusaron Villalobos de conculcar el derecho a la información.