¿Es independentista?

Alguien del PP le dijo a Anasagasti, según relataba éste en su artículo semanal del domingo en Deia, que "nadie politizado cree que el PNV no es un partido independentista". La misma opinión expresaba aquí el lunes Vázquez Montalbán. ¿Es eso tan evidente? En el PNV hay independentistas, pero definirle como tal supone prescindir de aquello que ha marcado más decisivamente su política desde hace 80 o 90 años.No hace ni diez el partido de Garaikoetxea fue desalojado del Gobierno vasco, por iniciativa del PNV, a cuenta de las mociones en favor de la autodeterminación que esa formación estaba votando, junto a HB, en los ayuntamientos. Por entonces, un miembro de la dirección del PNV y ex consejero de Cultura del Gobierno vasco, Luis Bandrés Unanue, se preguntaba en las páginas de Deia (26-9-1991): "Cuando alguien reclama la independencia para Euskadi, ¿qué está diciendo? ¿Que pongamos nuestras aduanas? ¿Dónde? ¿En Hendaya, en Miranda? ¿Que creemos nuestra propia moneda? ¿Cómo? ¿Y la economía? ¿Tenemos que crear nuestro propio ejército? Pero, si no es esto, ¿qué es la independencia?" A los partidarios de un referéndum de autodeterminación les interpelaba: "¿Dónde hay que efectuar el recuento? ¿En Iparralde [País Vasco francés]? ¿Y en Navarra?".

Aunque sin romper formalmente con la ortodoxia sabiniana, la idea de independencia había comenzado a difuminarse en el PNV ya en la década de los 10. El argumento, desarrollado por sus principales ideólogos, Luis Eleizalde y Engracio de Aranzadi, discípulos de Arana, era que la independencia no es un fin en sí; que lo importante es la vasquización de la sociedad: la "recuperación del alma nacional". El primero de esos autores sostenía ya en 1920 que la cuestión de la independencia es "perfecta y lícitamente opinable": El nacionalismo "no lleva consigo necesariamente el independentismo" (...); "equivale a afirmación de la nacionalidad y adhesión afectiva y eficaz a ella, y nada más". Ese planteamiento ha inspirado la política autonomista desplegada hasta hace poco, aunque casi siempre con la oposición de un sector minoritario radical.

En la Declaración de Principios aprobada en la Asamblea de Pamplona (1977), que ha seguido siendo el marco ideológico del PNV hasta ahora, se reitera la fidelidad a los principios fundacionales, pero a la hora de concretar el objetivo político del partido se propugna la "creación de una estructura política formada por aquellas instituciones indispensables y convenientes para el mantenimiento y desarrollo de esa identidad". Es decir, las instituciones autonómicas, de autogobierno, necesarias para garantizar la supervivencia y desarrollo de la personalidad vasca.

La III Asamblea General, en enero próximo, aspira a convalidar la ciaboga reciente, producida en el marco del acercamiento al nacionalismo violento para propiciar el alto el fuego, y cuyos efectos más visibles han sido el abandono de la Internacional demócrata-cristiana y el cuestionamiento de la solución autonómica. La ponencia política no dice nada de lo primero, pese a ser una decisión que rompe una tradición de 50 años. Sobre lo segundo se percibe un esfuerzo por no asustar, pero se habla de "ciclo agotado" y se da por hecho que fue "un diagnóstico equivocado" pensar que el Estatuto de Gernika era capaz de "canalizar la resolución del contencioso vasco". La responsabilidad de ello se atribuye íntegra a los "gobiernos del Estado". En consecuencia, se introducen los dos puntos de cuya aceptación hace depender ETA el abandono de su guerra: el reconocimiento de la autodeterminación, concepto que se reivindica como propio mediante citas ad hoc; y la llamada territorialidad, es decir, el paso a primer plano de la reivindicación de un marco común para Vascongadas, Navarra e Iparralde.

En la lógica de la ponencia hay varios puntos débiles: si el nacionalismo se plantea hoy la cuestión de Navarra no es por el fracaso de la autonomía vasca sino por su éxito; el mayor obstáculo para una relación más intensa entre ambas comunidades ha sido la violencia; reconocer el pluralismo identitario de la población (y su dimensión territorial) implica apostar por la vía autonomista, y ésta es contradictoria con la soberanista; un debate en igualdad de condiciones implica la disolución de ETA; afirmar que tras la violencia subyace un conflicto político no significa que sea obligatorio modificar, en nombre de la paz, el marco político.