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Tribuna:

La socialización de la política

A lo largo de los últimos siglos las ciencias sociales se han ocupado de modo fundamental, cuando no exclusivo, de describir y analizar grandes períodos de tiempo, transformaciones sociales trascendentales, o importantes cambios políticos y económicos. Siempre se ha tendido a considerar que la evolución de las sociedades humanas ha resultado condicionada, esencialmente, por el devenir de esos grandes acontecimientos históricos. Esta idea, firmemente enraizada en nuestra cultura, ha dado lugar al establecimiento de grandes conceptos universales tales como el Estado, la Nación, la Revolución, los Partidos, los Sindicatos, la Iglesia, la Constitución, etcétera, cuya realidad apenas resulta identificable con entidades particulares y, sobre todo, con los individuos y los grupos humanos concretos.No pretendo negar la transcendencia histórica de esos sucesos y de los conceptos universales por ellos generados. Sin embargo, trabajos recientes como la Historia íntima de la humanidad, de Theodore Zeldin, o el estudio de Marie-France Hirigoyen sobre el acoso moral y el maltrato psicológico en la vida cotidiana, entre otros muchos, nos permiten percatarnos de que los grandes acontecimientos constituyen tan sólo una parte, no precisamente la más importante, de la historia de la humanidad.

Basta con reflexionar sobre un asunto tan importante como el sufrimiento humano. Tradicionalmente se ha venido considerando que el mismo constituía una consecuencia exclusiva del mal gobierno. Sin embargo, no resulta difícil comprobar que una gran parte de ese sufrimiento viene derivado de los numerosos conflictos y tensiones existentes en el seno de la propia sociedad civil. Así ha sido históricamente y así sigue siéndolo, con mayor intensidad si cabe, en el momento presente. La visión público-estatal en la que hemos estado inmersos a lo largo de los últimos siglos nos ha blindado e impedido ver y atajar muchísimos modos de opresión básicos, elementales e invisibles que tanto se han prodigado y siguen prodigándose a nivel personal, sexual, familiar, vecinal, local, etcétera. Resulta, por ello, imprescindible llamar la atención sobre las enormes dosis de sufrimiento generadas como consecuencia de convenciones, prácticas, restricciones, persecuciones de orden cultural, ideológico, social, religioso, etcétera, establecidas en el seno de las propias sociedades civiles.

Hasta ahora, ese sufrimiento se había circunscrito, generalmente, salvo algunos casos excepcionales como el de la esclavitud, a ámbitos estrictamente comunales o locales. Sin embargo, en la actualidad y como consecuencia del proceso de globalización, existe un serio peligro de extensión e internalización del mismo. La trata de blancas, el tráfico de órganos humanos, los abusos sexuales a menores, el trabajo de los niños, las diversas formas de esclavitud subrepticia existentes en el mundo, el masivo envenenamiento del aire, el agua y los productos, la compraventa de armas, incluso nucleares, etcétera, constituyen tan sólo algunas de las manifestaciones de ese sufrimiento producido en el seno de las propias sociedades, al margen de las instituciones políticas.

La extraordinaria intensificación, en los últimos años, de movilizaciones en torno a causas no estríctamente políticas (humanitarias, medioambientales, pacifistas, etcétera) promovidas por las ONGs y otros movimientos sociales constituye una buena prueba de la extensión de ese sufrimiento social a escala global. Algunos augures del neoliberalismo han auspiciado, y promovido, la idea de que el ciudadano moderno se muestra, por naturaleza, apático hacia los problemas sociales. Es cierto que los ciudadanos están manifestando de forma cada vez más creciente una cierta apatía ante los asuntos políticos. Pero esa aparente apatía no impide que, al mismo tiempo, muchos de esos ciudadanos participen en actividades formalmente privadas pero que tienen repercusiones cruciales para el bienestar, la dignidad e, incluso, la propia supervivencia de los grupos más desvalidos o menos privilegiados. Estamos asistiendo, afortunadamente, a una recuperación moral de la sociedad civil.

Como acertadamente señalan Giner y Sarasa, la pertenencia y actividad de asociaciones voluntarias cívicas constituye un modo práctico de superar en buena medida "las carencias y contradicciones de la democracia y en especial su fallo más grave, el abismo que abre sus fauces entre la clase autoelegida de los políticos profesionales y el pueblo llano". Por ello, una forma sugestiva de mejorar la situación actual de la democracia es equilibrar la política democrática y la actividad industrial o mercantil con la reformulación del altruismo, la solidaridad y la fraternidad a través de la actividad voluntaria de la ciudadanía. Existen muchas más posibilidades de lograr un buen gobierno cuando los seres humanos disponen de una gran libertad para asociarse en grupos voluntarios, a fin de llevar a cabo objetivos sociales, que no en aquellos casos en los que los asuntos públicos constituyen el resultado de actividades aisladas de los individuos o de los órganos administrativos de un Estado centralizado.

Se hace preciso, pues, otorgar un mayor protagonismo a la sociedad civil y establecer una nueva relación, un nuevo equilibrio, entre autoridad y responsabilidad. Para ello resulta conveniente: 1) descentralizar las instituciones públicas y aumentar la capacidad de participación y decisión de los individuos en el seno de aquellas organizaciones privadas a las que pertenecen o cuya actividad les afecta; 2) socializar la economía de forma que se produzca una mayor variedad de agentes económicos bien privados o bien comunitarios; y 3) pluralizar y domesticar los aspectos identitarios (religiosos, étnicos, culturales, etcétera), lo cual permitirá establecer vías diferentes para la realización y el mantenimiento de las identidades históricas.

En el momento actual, la democracia está siendo estrangulada por un doble corsé. De una parte, un Estado y unas instituciones políticas cada vez más complejas, y de la otra, un orden social corporativo. En los vigentes sistemas democráticos el auténtico protagonismo de la actividad política, económica, etcétera, radica en la alianza de las élites en torno a los gobiernos y las burocracias corporativas. El motor de tal actividad lo constituyen los intereses organizados. Aquellos intereses políticos que no se encuentran organizados tienen verdaderas dificultades para plantear sus demandas, hasta el punto de quedar en no pocos casos expulsados del sistema político.

Por ello, y a fin de evitar el definitivo ahogamiento de la democracia parece necesario otorgar un mayor protagonismo a los grupos sociales, y una redistribución y extensión de su actividad. Las instituciones políticas siguen siendo absolutamente necesarias pero el hecho de encontrarse atrapadas dentro de la concepción liberal de la relación entre Estado y sociedad actualmente vigente, las hace totalmente inadecuadas. Es necesario establecer un sistema democrático más extenso y desarrollado, capaz de entrecruzar la esfera estatal y social, y que permita asegurar una mayor responsabilidad por parte de las instituciones políticas, proveerlas de una mayor legitimidad y de una mayor capacidad a fin de ejercer una función de arbitraje de los conflictos que surjan dentro y entre las instituciones sociales.

La implantación de este nuevo sistema democrático puede traer consigo importantes implicaciones para la emergente sociedad civil internacional y global. Una red democrática de instituciones públicas y sociedades civiles como la que ha quedado señalada resulta incompatible con la existencia de las actuales organizaciones y corporaciones que vienen dedicándose sistemáticamente, y en virtud de su capacidad de acción e influencia, a distorsionar los procesos y estructuras democráticos. El establecimiento de condiciones de libertad e igualdad que permitan a los individuos y a los grupos determinar su propia existencia favorecerá la formación de un conjunto de esferas sociales -por ejemplo empresas privadas y cooperativas, medios de comunicación independientes, centros culturales autónomos-, que permitirá a sus miembros mantener el control de sus propios recursos sin una interferencia directa por parte de agencias políticas o de terceros.

Se trata de sustituir las actuales sociedades planificadas o mercantilizadas por una nueva sociedad abierta a organizaciones, asociaciones y agencias capaces de perseguir sus propios proyectos y sujetas a los límites propios del proceso y la estructura democrática. En tal sentido, el diseño de la futura esfera pública pasa por dos vectores intrínsecamente complementarios. De una parte, la política de las instituciones y las grandes organizaciones de la economía y las finanzas, y de la otra, la política de los valores, de los proyectos de sociedad, de la solidaridad, de los vínculos sociales y, en definitiva, de los fines de la acción colectiva.

Gurutz Jáuregui es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de octubre de 1999