Inclán dice que la mayoría de quejas contra Osakidetza "carece de fundamento"

El consejero de Sanidad, Gabriel Inclán, defendió ayer la profesionalidad de los médicos del Servicio Vasco de Salud. "La mayoría de las demandas [contra Osakidetza] carece de fundamento", aseguró Inclán en una entrevista en la emisora pública Radio Euskadi. También explicó el consejero que el grueso de las quejas contra Osakidetza se debe a que el paciente "no recibe lo que espera" y no a errores o negligencias de los médicos.

Las afirmaciones de Inclán se basan en el balance de las demandas judiciales presentadas contra Osakidetza en la última década. Algo más de la mitad (776 de un total de 1.394) de las denuncias presentadas en los tribunales contra el Servicio Vasco de Salud en estos diez años han sido resueltas. Osakidetza perdió el 15% de los casos que ya están cerrados, concretamente 115 en la última década. Las otras 661 denuncias fueron desestimadas por los tribunales o los demandantes las acabaron retirando. De ahí que Inclán considere que "la mayoría de las demandas carece de fundamento". De todos modos, todavía quedan otras 618 denuncias contra Osakidetza sobre los cuales los jueces aún no han decidido. El Departamento de Sanidad facilitó la semana pasada estos datos en respuesta a una pregunta del parlamentario de Izquierda Unida Koldo Usín. Sanidad precisó en su respuesta que en estos diez años sólo en dos ocasiones sus médicos han sido condenados por negligencia. La consejería se agarra a este dato para sostener que la mayoría de las condenas o acuerdos extrajudiciales con los que acaba la batalla judicial no se debe a errores propiamente dichos. En este sentido, Inclán puso ayer un ejemplo: "Cuando un ciudadano llega al médico y éste le dice "usted tiene un cáncer de colon y hay que operarle", hay que explicarle qué espera de la cirugía, qué riesgos tiene, cómo puede quedar luego, es decir, cosas que muchas veces no se han explicado". Sanidad viene a decir en la respuesta parlamentaria que en prácticamente todos los casos en que Osakidetza se ha sentado en el banquillo de los acusados ha sido por vulnerar el protocolo de actuación detallado por el consejero. Ese protocolo a seguir es lo que se llama el "consentimiento informado". Sanidad incluye el aspergillus (que hace años causó la muerte de varios pacientes de Cruces) entre "los daños atípicos, desproporcionados o anormales, o que siendo posibles, previsibles e inevitables, no han sido informados al paciente", es decir, no entre los errores o negligencias. Este último capítulo sí engloba para Inclán el dejarse un gasa o un arpón quirúrgico en el cuerpo del paciente al acabar una operación, caso en concreto (el del arpón) que le ha ocurrido recientemente a una mujer en una clinica privada donostiarra. A juicio de la consejería, el progresivo aumento de las reclamaciones -el año pasado se registraron 283 y nueve años antes, sólo 30- "no tiene nada que ver con una presunta merma de calidad de los servicios", sino que lo atribuye a una "creciente conciencia" social de los derechos que tiene el paciente. Sanidad considera "legítimo" presentar reclamaciones; es más, lo estima "conveniente para el correcto funcionamiento de los servicios". En su respuesta parlamentaria también explica que Osakidetza tiene un seguro -este año paga más de 567 millones de pesetas por la póliza- para hacer frente a las indemnizaciones a las que es condenada o para pagar los acuerdos extrajudiciales. Ésta última fórmula es la preferida por el Servicio Vasco de Salud "cuando su responsabilidad es fácilmente reconocible" para, argumenta en la respuesta, evitar a los demandantes los trastornos y retrasos que suele conllevar la vía judicial. El consejero abordó otros asuntos en la entrevista. Se mostró contrario a permitir a los pacientes ir al especialista sin pasar por el médico de cabecera. Aseguró que "de 800.000 urgencias, van a casa setecientas y pico mil. La mayoría no debiera hacer ido al hospital". También se declaró preocupado por que los accidentes de tráfico sean la primera causa de muerte de los menores de 30 años.