El Supremo estudia si el "caso Lasa-Zabala" debe juzgarse en la Audiencia Nacional o en la de Alicante

La Sala Segunda del Tribunal Supremo comenzó ayer a estudiar los recursos de los procesados del caso Lasa-Zabala contra la competencia de la Audiencia Nacional para juzgarlo. En su criterio, la vista oral debe celebrarse en la Audiencia de Alicante al haber sido en esa provincia en la que se hallaron los cadáveres de los dos presuntos etarras, secuestrados y asesinados supuestamente por los GAL en 1983.La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó en mayo pasado las cuestiones previas al juicio presentadas por la defensa de Enrique Rodríguez Galindo, general de la Guardia Civil; Julen Elgorriaga, ex gobernador civil de Guipúzcoa, y otros procesados en la causa.

El tribunal denegó que el asunto deba ser juzgado en la Audiencia de Alicante porque fuera en una localidad de esa provincia, Bussot, donde se encontraron los cadáveres de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.

La Audiencia Nacional consideró indudable su competencia para juzgar los hechos, por los que, además de Rodríguez Galindo y Elgorriaga, están procesados Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad; Ángel Vaquero, comandante de la Guardia Civil; los guardias Enrique Dorado y Felipe Bayo y el abogado Jorge Argote.

La Sala de lo Penal declaró que los procesados están acusados del delito de pertenencia a banda armada, para el que sólo es competente la Audiencia Nacional. Además, los dos presuntos etarras fueron secuestrados en Francia, lo que configuraría un delito cometido por españoles en el extranjero, cuya competencia es también exclusiva de la Audiencia Nacional.

Esta decisión de la Audiencia Nacional fue recurrida ante el Tribunal Supremo por todos los procesados.

La resolución de los recursos presentados por Argote, defensor de los encausados, comenzó ayer a ser abordada por un tribunal integrado por el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Luis Román Puerta, y los magistrados Gregorio García Ancos y José Antonio Martín Pallín. Su decisión se conocerá previsiblemente en el curso de esta misma semana.

El general Rodríguez Galindo y los presuntos autores materiales de los asesinatos de Lasa y Zabala, los agentes Bayo y Dorado, se enfrentan a penas que podrían oscilar entre los 90 y los 118 años de prisión.