La Revolución de Martínez

Los empleados públicos vienen malviviendo desde hace un par de lustros con sueldos que se revalorizan (cuando se revalorizan) de acuerdo con el IPC previsto. Por ello su poder adquisitivo ha quedado a mucha distancia de otros sectores del sector privado. Los funcionarios habrán de pasar otro año con una miserable subida salarial, con un déficit acumulado en sus rentas superior a los 10 puntos, sin expectativas de carrera profesional, amenazados por los expertos e informes neoliberales con las recetas de la flexibilidad. Hay razones fundamentalmente relacionadas con la lógica del poder, que inducen a los gobernantes conservadores al abandono de los altos y sesudos principios de su filosofía política (el Estado mínimo), para adoptar medidas que contraviniéndolos acallan las protestas de los grupos de presión más fuertes e influyentes instalados en la función pública. El cínico consejo del PP al PSOE en Andalucía para que subiera los sueldos a los docentes, huele a campaña electoral y no se compadece con su racanería en materia de pensiones, con el no reconocimiento del censo de población andaluz, con su tozudez con los empleados de prisiones, o con la no aplicación de las 35 horas en las Administraciones locales y central que gobiernan para generar empleo público y revalorización salarial en tiempo o reducción de jornada por la vía de iure y no de facto. Parece que la solución pasa por una mayor implicación de los empleados públicos en las organizaciones sociales representativas que históricamente hemos denominado organizaciones de clase. La imagen del servidor público ha de ser revalorizada con la ayuda de todos, desde la comprensión de que una Administración democrática debe contar con profesionales independientes en el desempeño de sus tareas, suficientemente motivados por el lado de la formación, la carrera profesional, la compensación salarial y el mantenimiento de las garantías de estabilidad como presupuesto condicionante del ejercicio profesional independiente, imparcial y sujeto a las normas.- Andrés Sánchez Carretero. Jaén.

Contesto a Margarita Valeriola y los cinco autores de la carta publicada el día 25-9-99 en el diario EL PAÍS, que en mi modesta opinión están totalmente equivocados, y no porque en la universidad no haya machismo, que lo hay, pero no en el aspecto mencionado de referencia a matrículas y otros documentos. El hecho de que en los documentos públicos de los organismos andaluces se haya extendido la terminación o/a para intentar justificar una supuesta igualdad de tratamientos manifiesta un total desconocimiento del lenguaje y es una vergüenza y un soberano error. Para que ustedes lo sepan si una palabra no termina en a no quiere decir que se este discriminando a la mujer y que no se la tenga en cuenta ya que el documento es impersonal y la palabra utilizada no tiene género, es genérica. Nos estamos refiriendo al individuo (tanto masculino como femenino). Por tanto sean todos ustedes sensatos, culturicense y utilicen correctamente nuestra lengua, saldremos ganando.- Juan A. Vázquez del Río. Dos Hermanas (Sevilla)