Inflación para Rato

Las medidas adoptadas ayer por el Consejo de Ministros para controlar la inflación, englobadas bajo el pomposo enunciado de "Real Decreto Ley de medidas de liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia en el sector de hidrocarburos", traslucen la renuncia del Gobierno a actuar de manera firme contra el desbocamiento de los precios en España, que ha llevado la tasa de inflación al 2,4% anual. En realidad, la única medida efectiva del ¨decreto es la rebaja del precio de la bombona de butano en 198 pesetas, por el expeditivo procedimiento de reducir el IVA aplicable del 17% al 6% y eliminar el impuesto especial que pesa sobre la bombona. Esta rebaja, junto con la congelación efectiva del precio durante un año, contribuirá a bajar el IPC en apenas una décima, según estimación del vicepresidente económico, Rodrigo Rato. Parece un resultado muy pobre si se tiene en cuenta que la economía española tiene una tasa de inflación que dobla la media europea y es cuatro veces superior a las de Francia o Alemania. Con el agravante de que esa décima de recorte se consigue bajando impuestos, cuando está claro que el problema de los precios de la energía no está precisamente en la carga fiscal que soportan.El Decreto-Ley incluye otras medidas de liberalización cuyo efecto deflacionista va a ser tan leve que es difícil tomarlas en serio. Sobre todo cuando se supone que forman parte de un paquete de medidas urgentes contra la inflación. Los carteles informativos en las autopistas, los concursos para la construcción de nuevas gasolineras o la entrada de nuevos grupos comercializadores en el mercado del gas natural son disposiciones que de tener algún efecto lo tendrían a medio plazo. Es una incoherencia grave tratar un problema agudo de inflación, cuyos efectos sobre el sector exterior y sobre las rentas tienen una gravedad inmediata, con liberalizaciones tan exiguas y discutibles.

Hay que preguntarse con preocupación por qué el Gobierno se muestra tan reticente a tomar medidas de liberalización auténtica de los mercados de servicios, que han lastrado pesadamente el IPC en los últimos años. Es inexplicable también que la lucha contra la inflación se reduzca hasta ahora a recortes oportunistas de impuestos en los combustibles, cuando además existe un amplio abanico de sectores que merecerían un despliegue de medidas antiinflacionistas eficaces. Como, por ejemplo, el de las telecomunicaciones, los servicios turísticos, o el del transporte. Con medidas tan triviales como las anunciadas ayer, que transmiten a la sociedad el mensaje de que el Gobierno ha tirado la toalla en el frente antiinflacionista, la economía española parece condenada a sufrir durante tiempo indefinido un elevado diferencial de precios con sus socios europeos. La balanza comercial pagará las consecuencias.