La Fiscalía Anticorrupción se querella contra altos cargos del PP por la privatización de la funeraria

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra 14 personas, entre ellas seis cargos del PP (el consejero de Sanidad, dos concejales en ejercicio, dos exconcejales, y un diputado regional y ex teniente de alcalde) por la privatización de la funeraria municipal. El ministerio público considera que en dicha operación los representantes públicos incurrieron (en diverso grado) en los supuestos delitos de prevaricación, malversación, alteración del precio de las cosas y falsedad de documento público. Para el fiscal, esta privatización constituyó "una vasta operación de enriquecimiento" de los adjudicatarios en perjuicio de las arcas municipales.

El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó, en diciembre de 1992, la adjudicación del concurso público por el cual la empresa privada Funespaña se hacía, por 100 pesetas, con el 49% de las acciones de la funeraria municipal. Este precio vino dado porque el consistorio, gobernado por el PP, consideraba que el patrimonio de la funeraria era negativo. Pero ya entonces el interventor del Ayuntamiento alertó de que el precio se había calculado a la baja. De hecho, existía una deuda de la funeraria con el Ayuntamiento de 2.274 millones que, según el interventor, debería haber sido saldada antes de la venta, y que no lo fue. La empresa que se privatizó por su presunta situación ruinosa ha generado más de 6.000 millones de beneficios desde entonces.La Fiscalía Anticorrupción, tras investigar la privatización a instancias de una denuncia de IU, considera que hay "indicios racionales" de que el proceso ha servido para "una operación de enriquecimiento a partir del control y la explotación de un servicio público y en buena medida en perjuicio de las arcas municipales". La querella apunta que en el proceso se produjeron al menos cuatro delitos (prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas, malversación, falsedad en documento público y negociaciones prohibidas a un funcionario), repartidos entre 14 imputados, entre ellos seis miembros del PP: Simón Viñals, concejal de Salud; Antonio Moreno, concejal de Patrimonio; Luis María Huete, diputado regional y ex teniente de alcalde; estos tres políticos participaron activamente en el proceso de privatización.

Relaciones

El cuarto de los imputados es José Ignacio Echániz, consejero de Sanidad de la Comunidad. Fuentes del PP aseguraron ayer que nunca existieron relaciones empresariales o económicas entre Echániz y Funespaña. Es cierto que Echániz llegó a ser consejero del Consejo de Administración de la funeraria y que ocupó uno de los sillones reservados a los representantes privados de Funespaña, pero no por designación de esta empresa, sino del Gobierno municipal del PP. El alcalde, al percatarse de que los consejeros del PP en la empresa mixta eran minoría frente a los de la oposición y Funespaña, le pidió a esta empresa que le cediese tres de sus puestos para personas de confianza municipal. Funespaña aceptó y así Echániz se convirtió en consejero de la parte privada. Aquella maniobra política le cuesta ahora a Echániz el reproche de la fiscalía, según fuentes del PP. "Tres años de actas del consejo de administración de la funeraria demostrarán que Echániz siempre habló en nombre del Ayuntamiento en ese consejo", indicaron esas fuentes.Los otros dos cargos del PP imputados son Venancio Mota y Ángel Larroca, ex concejales y, durante un tiempo, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la funeraria. Entre los acusados también se cuentan Ángel Valdivia, actual gerente de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios y presidente de Funespaña en 1993, y José Ignacio Rodrigo, actual presidente de Funespaña. Canal de información

En el escrito, la Fiscalía hace referencia a un contrato de colaboración que, en 1991 (antes del concurso, por tanto) firmó Funespaña con la funeraria: "Existen indicios de que el mencionado contrato no tenía realmente otra finalidad que [...] la apertura de un canal de información que [...] resultará valiosísimo más tarde a Funespaña", dice la querella.

El texto también alude a la asesoría que llevó a cabo para la Funeraria la sociedad INFAVI, cuyo presidente era Rodrigo, también antes del concurso. Incluso añade: "La relación entre Rodrigo y los representantes o directivos de la empresa mixta [funeraria], y en particular su presidente [Simón Viñals], tenía que ser anterior en el tiempo, como mínimo, para dar lugar a unas negociaciones avanzadas hasta el punto de permitir que el 7 de julio de 1992, es decir, un día después de firmar el contrato entre ambas entidades, INFAVI presentara ya un informe de 332 páginas sobre la problemática de los servicios funerarios".

Rodrigo ha negado todas las acusaciones de haber tenido acceso a información privilegiada para beneficiar a Funespaña, empresa de la que es socio, según su testimonio, desde 1993. La fiscalía no piensa así. La querella considera que declarar urgente el concurso "benefició" a Funespaña. Y concluye: "Todo el proceso de adjudicación estaba predeterminado y preordenado a favor de Funespaña".

El fiscal solicita que se tome declaración a 22 personas, entre las que se cuentan el ex secretario general del Ayuntamiento, Mario Corella o el ex portavoz de IU, Francisco Herrera. El texto de la querella ya ha sido notificada a los acusados, que en general se declaran "tranquilos" por la decisión tomada hace seis años de privatizar la funeraria.

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano reiteró esta semana su apoyo a los concejales acusados. La oposición reclamó la destitución de Viñals y Moreno. Álvarez del Manzano replicó que no habrá destitución si no hay condena. El alcalde añadió que las responsabilidades políticas consisten "en dar la cara por lo que pasa en el Ayuntamiento".