"Negocios jurídicos ficticios y titularidades interpuestas"

La fiscalía apunta diversos indicios delictivos en la conducta de los empresarios privados que obtuvieron la adjudicación del 49% de las acciones de la funeraria. "Lo cierto es que de la documentación obtenida por esta fiscalía se desprenden numerosos indicios de que en el momento de la adjudicación, e incluso mucho tiempo después, el capital social de Funespaña fue en buena medida ficticio y además ocultaba bajo titularidades interpuestas una participación importantísima, presuntamente mayoritaria, de José Ignacio Rodrigo Fernández".El escrito recuerda que este empresario, "en 1995, fue nombrado presidente de la sociedad pese a no tener a su nombre una sola acción", y destaca que "había sido asesor de la empresa mixta a través de la sociedad Invafi, obteniendo por este cauce abundante información acerca de su estructura y actividad y participando en tareas trascendentales en el proceso de valoración previo a la privatización".

Según el fiscal, "resultan indicios de que una importante porción, presumiblemente en torno al 70%, de esos 200 millones con los que se hizo el pago, que la sociedad adjudicataria no tenía en modo alguno capacidad económica para asumir, eran en realidad fondos aportados por Rodrigo, quien, en contraprestación de tal aportación, obtuvo una participación en Funespaña, en aquel momento enmascarada tras negocios jurídicos ficticios y titularidades interpuestas".

Fraude fiscal

La Fiscalía Anticorrupción apunta que "las cantidades que la empresa mixta ha venido pagando a Funespaña a raíz de la cesión de la gestión del servicio público -no prevista en el concurso- fueron sistemáticamente desviadas hacia terceras sociedades, sin contraprestación real comprobada alguna, y siempre con la particularidad de que, ya sea por tributar en el extranjero, ya sea por el régimen fiscal indebidamente aplicado a las españolas, las cuotas del impuesto de sociedades que hubiera debido percibir la Hacienda pública fueron sistemáticamente eludidas".La fiscalía ha comprobado la existencia de unas cuotas de fraude fiscal "extraordinariamente superiores a quince millones de pesetas en todos los ejercicios analizados".

Esto se superpone al hecho, según la fiscalía, de que, de los 6.813 millones de pesetas de beneficios obtenidos por la funeraria después de impuestos, el Ayuntamiento percibió 1.212 millones de pesetas, el 17,7% del total, mientras que Funespaña y las personas de su ámbito "se apoderaron de 3.701 millones de pesetas, lo que supone el 54,3% del total".