"Cooperador" en la alteración del precio de las cosas

El diputado autonómico Luis María Huete, en 1993 primer teniente de alcalde, deberá responder por los supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento público. De Huete, la querella sostiene que "suscribiendo en el documento citado que la adjudicación se había producido con estricta sujección al pliego y que el precio del contrato era de 4.058 millones de pesetas, faltó palmariamente a la verdad en la narración de los hechos".

El concejal de Régimen Interior y Patrimonio Antonio Moreno, aún en el cargo, está acusado por la fiscalía de maquinaciones para alterar el precio de las cosas, prevaricación y malversación. "El concejal Antonio Moreno participó, con independencia [...] de su ulterior participación en sendos delitos de prevaricación, en el establecimiento de condiciones llamadas a facilitar los posteriores actos de despojo patrimonial", dice la querella.

El actual consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, José Ignacio Echániz, trabajaba en 1993 en el Ayuntamiento como asesor del concejal de Salud, Simón Viñals. Está acusado de "negociaciones prohibidas a funcionarios". Según el texto de la querella, Echániz "participó como consejero técnico en la comisión" que privatizó la funeraria. Después, la querella dice que tenía "intereses económicos y empresariales en Funespaña".