"El Ayuntamiento "regaló" la diferencia del precio"

El texto de la querella detalla, a lo largo de sus 106 folios, los "numerosos y vehementes indicios racionales" por los que la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Carlos Jiménez Villarejo, entiende que el proceso de privatización de la funeraria constituyó "una vasta operación de enriquecimiento" en perjuicio del erario. - Privatización imprevista. La querella señala que el pleno municipal del 28 de julio de 1992 no especificó que la entrada de capital privado "fuera a suponer la cesión a una empresa privada del servicio público funerario". "El acta del pleno da a entender que la voluntad del Ayuntamiento en ese momento era tan sólo de obtener la entrada de capital privado, manteniendo el control municipal", señala el escrito.Información privilegiada. La querella recuerda que el 22 de febrero de 1991, el gerente de la funeraria (aún municipal), Ángel Valdivia, firmó un contrato con Funespaña, empresa privada que a cambio de unos servicios recibiría "una información fundamental sobre la composición, funcionamiento y actividad" de la funeraria de la que luego iba a comprar el 49%. "Existen indicios de que el mencionado contrato no tenía realmente otra finalidad que dotar de una cobertura formal, con beneficio económico, además, a la apertura de un tan impreciso como amplio canal de información". La fiscalía resalta que tal contrato se ocultó al pleno cuando se decidió la adjudicación a Funespaña del 49% de la funeraria municipal. En el capítulo de información privilegiada, la querella incluye el contrato de la asesora Invafi, una empresa de José Ignacio Rodrigo, con la funeraria municipal desde julio de 1992. Rodrigo, tras la privatización (en la que según la acusación jugó un papel decisivo al valorar la empresa) pasó a dirigir Funespaña. La fiscalía sostiene que una y otra empresas "tenían, en el mismo momento de la privatización, datos vitales y fidedignos sobre el auténtico potencial económico y comercial de la funeraria, y que los habían obtenido gracias a los contratos anteriores". La fiscalía proclama que de ello "más que indicios, hay absoluta seguridad". - Pliego irregular. La fiscalía descalifica el pliego de condiciones del concurso de privatización de la funeraria elaborado por la Concejalía de Régimen Interior, cuyo titular era y es Antonio Moreno Bravo. "Su contenido presentaba gravísimas irregularidades". Anomalías denunciadas por el PSOE, y desestimadas por el PP, según recuerda la fiscalía. "Generaba una confusión en cuanto a la naturaleza de la operación que fue aprovechada por Funespaña para alterar el sentido y el contenido real de su oferta". En concreto, la fiscalía señala que el pliego "oculta la voluntad de ceder la gestión a un privado de un servicio público", con lo que "se omitieron todas las garantías que la legislación establece".

La fiscalía reprocha al Ayuntamiento por "sacar a la venta unas acciones que legal y estatutariamente no podía vender", en función de las propias normas de la funeraria, que sólo permitían privatizar un 6,4%, y ello ocurrió hasta un 49% "sin fijar un precio por acción". La "intedeterminación de las condiciones" de la operación privatizadora "fue buscada presuntamente a propósito, puesto que así se dotaba de cobertura legal al proceso, pero de tal manera que nada pudiera hacer efectiva una decisión ya tomada de aceptar cualquier oferta que pudiera formular Funespaña".

Urgencia injustificada. El fiscal considera que la tramitación por urgencia de este asunto no sólo "carecía por completo de justificación", sino que esa "súbita aceleración tan sólo favorecía a Funespaña y a Rodrigo, que conocían perfectamente desde hacía dos meses todo lo concerniente a la empresa". Así, la querella destaca que "el 6 de octubre de 1992, un día antes del pleno que aprobó la propuesta del pliego y 10 días antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, Funespaña celebró una junta general en la que se autorizó la presentación de una oferta para la adquisición del 49% de las acciones de la funeraria". Valoración engañosa."Una vez sentadas las bases para que cualquier oferta pudiera ser arbitrariamente aceptada, los directivos de Funespaña presuntamente en colaboración con Rodrigo, pusieron en marcha la segunda fase de su lucrativo plan, consistente en preparar y formular una oferta basada en una valoración engañosa de la realidad patrimonial", explica la querella. Según la fiscalía, Funespaña presentó dos documentos. Uno, según el escrito, estaba "destinado a ser leído en el acto público de la mesa de contratación", y presentaba un precio de 4.058 millones, "oferta que de modo inveraz está muy por encima de las de otros licitadores".

"La razón que explica que Funespaña pudiera realizar esta propuesta desproporcionada es que en realidad del otro documento se desprendía que sólo estaba ofreciendo 100 pesetas por el 49% del capital de la empresa mixta", añade el texto.

El ardid. La fiscalía describe el "ardid" por el que Funespaña ofreció más de 4.000 millones y sólo pagó 100 pesetas. "La oferta de Funespaña no consistía en pagar 100 pesetas al Ayuntamiento por el 49% del capital e ingresar 200 millones en la funeraria en concepto de ampliación de capital, sino en pagar el 49% del neto patrimonial si era positivo, o bien pagar el 100% del neto patrimonial si era negativo".

"Las diligencias practicadas por este ministerio permiten concluir indiciariamente, de acuerdo con el informe de la unidad de apoyo de la Intervención General del Estado, que las bases en las que se asentaba la propuesta no eran en absoluto ciertas, sino puras lucubraciones argumentales, vacías de contenido real y exclusivamente destinadas a aparentar unos pasivos ficticios para obtener la mengua del precio desde 4.058 millones hasta sólo 100pesetas, cuando lo cierto es que la funeraria, lejos de tener un déficit que se pudiera cifrar en 200 millones de pesetas, tenía un valor neto positivo".

Compensación de la deuda. La querella destaca que en la "infravaloración" de la funeraria tuvo un peso especial la deuda que tenía con el Ayuntamiento por servicios prestados por sus empleados y que alcanzaba los 2.275 millones. El fiscal sostiene que "el hecho de compensar la deuda después de la adjudicación, en lugar de capitalizarla o compensarla antes, como enfáticamente había instado el interventor general del Ayuntamiento, suponía que, naturalmente, se minoraba el valor de la empresa, y sobre esa base Funespaña calculaba el precio. (...) La inmediata compensación significaba que ese menor valor, que había servido para bajar el precio, se reintegraba inmediatamente al patrimonio de la sociedad, con la particularidad de que el incremento del valor así producido ya no redundaba en su totalidad en favor del Ayuntamiento, que era el vendedor, sino en un 49% a los nuevos detentadores de las acciones, esto es, Funespaña". "Considerando que", prosigue la querella, "los concejales que habían hecho el seguimiento directo del proceso privatizador conocían perfectamente esos datos, sólo puede concluirse que el Ayuntamiento, con los votos de la mayoría, regaló a Funespaña la diferencia de precio que hubiera resultado al calcularse sobre el valor neto patrimonial real y el de 100 pesetas".