Cárceles catalanas IGNASI RIERA

Entre tanto discurso identitario, que me suena a sistema de riego eficaz a favor de la abstención, me gustaría que las campañas electorales bajaran a la arena de los asuntos pendientes. La visita de un colectivo de maestros de las cárceles catalanas me hace caer del limbo del matiz en flor y me devuelve a la realidad prosaica del día a día. Los nuevos cargos electos, sean del partido o coalición que sean, jurarán o prometerán cumplir y hacer cumplir la Constitución y el Estatut. Les pregunto abiertamente cómo interpretarán el artículo 25.2 de la Constitución, que habla sobre las penas privativas de libertad, y/o de las cárceles: "Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad se orientarán hacia la reeducación y la reinserción social. (...) En cualquier caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado, a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, y al acceso a la cultura y al desarrollo integral de la personalidad". No es poca cosa. Y uno se da cuenta del papel central, constitucional, de los educadores y educadoras de las cárceles catalanas. Resulta, sin embargo, que la Administración de la Generalitat, en opinión de una notable mayoría sindical, no tiene claro el futuro y el presente de los enseñantes en las cárceles, que tratan de ser profesionales de la enseñanza -como les corresponde por título, estudios, dedicación- y, a la vez, elementos activos en el proyecto de reeducación de una institución penitenciaria seria. El 9 de julio de 1999, el Gobierno del Estado publicó el real decreto 1203 / 1999 "por el que se integran en el Cuerpo de Maestros a los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Educación General Básica de Instituciones Penitenciarias y se disponen normas de funcionamiento de las unidades educativas de los establecimientos penitenciarios". Los responsables de política educativa de la Generalitat -por cierto, que el actual consejero de Enseñanza, Xavier Hernández, antes había tenido altas responsabilidades en el mundo carcelario catalán- parecen menos diligentes. Insisten los sindicatos: CC OO, UGT y CSIF. Y proponen: dedicación profesional a las tareas educativas, calendario lectivo de enseñanza, mes de julio dedicado a formación, evaluación y planificación; horario presencial de seis horas diarias; capacidad evaluadora en tanto que maestros dedicados a la enseñanza reglada; reconocimiento jurídico de los centros educativos dentro de las cárceles; elección del director docente por parte del claustro. Y, en el capítulo de retribuciones: reconocimientos de antigüedad, complementos a los maestros de secundaria, aplicación automática y con carácter retroactivo del nivel 21. Más allá de la legítima defensa gremial del colectivo, se trata de conseguir la dignificación de la educación en los centros penitenciarios. No circulan así los discursos electorales: se repasan las macrocifras o se alude, en genérico, a las personas. Pero uno no sabe si se considera personas a todas las personas o sólo a las dispuestas a votar a quien apela a las personas. ¿No será que del homo erectus y el homo faber