La defensa de Pinochet acusa a Garzón de "actuar por infames motivos políticos"

ENVIADO ESPECIALLa defensa de Augusto Pinochet afirmó ayer, en la segunda sesión del juicio de extradición, que España no ha aportado prueba alguna sobre la responsabilidad del ex dictador en los 36 casos (uno de conspiración para torturar y 35 de torturados) y atacó al juez Baltasar Garzón por actuar "por infames motivos de carácter político". Los abogados del exgeneral presentaron documentos jurídicos en la noche del lunes y ayer mismo, una práctica excepcional que fue calificada por el abogado de España, Alun Jones, como "mezquina" y "clandestina".

Lo que mal empieza, mal acaba. Ayer, al inicio de la sesión, antes de que comenzara la exposición del abogado de Pinochet, Clive Nicholls, el abogado Alun Jones, que representa a la Fiscalía de la Corona y al juez Garzón, se elevó en su estrado. Se veía por su gesto que iba a plantear una queja. Jones dijo que había recibido la noche del lunes unos documentos sin autentificar: dos informes de "expertos independientes" españoles sobre el sistema legal en España, los delitos de tortura y la jurisdicción.El letrado se extrañó por esa tardía remisión de documentos, cuando éstos tenían, en un caso, la fecha del 8 de septiembre de 1999. El otro simplemente lleva la mención "septiembre de 1999". Antes de pronunciarse sobre si estos documentos se podían aceptar o no, para lo que reservaba su posición, Jones pidió formalmente una explicación a su colega, Clive Nicholls, abogado de Pinochet.

Sucede que al durar el juicio en principio cinco días, la presentación de documentos de forma tardía impide su lectura para dar respuesta en la sala. Jones denunció la "descortesía" de tal conducta. Nicholls, por su parte, pidió disculpas, pero no ofreció la explicación solicitada.

Nicholls, en un estilo moroso, inició el ataque a las posiciones de España con un argumento. "Si bien no se necesita en un caso normal de extradición, en Europa, la presentación de pruebas sobre un caso, el hecho de que el senador vitalicio Pinochet es un exjefe de Estado requiere que se prueben las torturas contra él como paso previo".

La defensa pide pruebas

Nicholls explicó que la "responsabilidad, en oposición a la mera descripción de los hechos, debe ser establecida mediante pruebas". El letrado señaló entonces que "no hay tales pruebas en este caso y, por tanto, el senador tiene derecho a la inmunidad"

El letrado, dirigiéndose al magistrado, Ronald Bartle, dijo que uno de los asuntos a resolver es precisamente si los delitos de tortura y conspiración para torturar son "delitos de extradición", esto es, si son castigados tanto en el Reino Unido como en España (cláusula de doble incriminación). Nicholls dijo que ni la tortura ni la conspiración para la tortura son delitos en España castigado con 12 meses de prisión. Por tanto, si falta ese requisito, no hay tal delito de extradición y Pinochet debe ser dejado en libertad. Según Nicholls, la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, adoptada en España en 1988, exige, según el artículo 5.1, cierta conexión con los casos: que el delito sea cometido en su propio territorio, que el autor sea de nacionalidad española o que las víctimas sean españolas. Como ninguno de estos supuestos se da a partir de la resolución de los lores del 24 de marzo de 1999, que limitó las acusaciones a partir de la fecha del 8 de diciembre de 1988 (fecha en la cual la tortura es un delito extraterritorial en el Reino Unido), Nicholls dijo entonces que eso impedía considerar los delitos de tortura como delitos de extradición. "Pinochet podría ser juzgado en España sólo si estuviera allí, por las obligaciones que establece la Convención, pero el hecho es que está aquí y la tortura no es un delito de extradición", explicó.

La defensa de Pinochet, en un nuevo escrito de alegaciones presentado ayer, decidió, asimismo, pasar al abordaje de la cuestión política. La llamada "excepción política" -no autorizar la extradición si la persona puede ser considerada un perseguido político o que es castigado en razón de sus opiniones políticas, credo o raza- está contemplada en el Convenio Europeo de Extradición y en la ley inglesa.

Nicholls utilizará esta "excepción", que normalmente es invocada por personas que son víctimas de una dictadura o de la represión militar, para pedir que Pinochet no sea entregado a España.

No obstante, la defensa anticipó ayer el calado de su nueva orientación (en sus alegaciones iniciales nunca invocó la "excepción política") al señalar que el juez Garzón "es un juez de instrucción que presenta una actuación judicial cuando está obrando por motivos infames de carácter político". Los abogados de Pinochet dijeron ayer que "España actúa contra Pinochet porque simpatizó con el regimen de Salvador Allende que fue derrocado el 11 de septiembre de 1973".

Entre las "pruebas" que presentará la defensa sobre la actuación "política" del juez Garzón se encuentra un ejemplar de un semanario político, de muy limitada circulación, que se caracteriza por hacer campaña personal contra Garzón.

Ayer, el abogado Alun Jones, al término de la sesión, consideró "mezquina" y "clandestina" la actitud de los "emboscados" abogados de la defensa y pidió una suspensión de juicio para leer los nuevos documentos aportados.