Agricultura liquida con ayudas de 8.200 millones el problema de la sequía

El Ministerio de Agricultura ha concedido ayudas al sector agrario afectado este año por la sequía por unos 8.200 millones de pesetas, a través de pagos de intereses para créditos blandos, adelanto del cobro de las ayudas comunitarias, subvenciones al transporte de piensos y compensaciones en seguros agrarios. El sector ha calificado de "totalmente insuficientes" los apoyos tanto de la Administración central como de los gobiernos regionales.

Las pérdidas por la sequía han sido de unos 500.000 millones de pesetas (3.005 millones de euros). Y aunque las lluvias de la última semana han servido para aumentar ligeramente la producción de aceite en la campaña actual y sentar las bases para la próxima cosecha, no tendrán ya ninguna incidencia en el viñedo y beneficiarán en conjunto a la ganadería extensiva, al posibilitar una mejora en los pastos.Según los datos manejados por la Administración, en los últimos meses se han puesto a disposición del sector unos 220.000 millones de pesetas. Sin embargo, se trata de una cifra "totalmente engañosa", según denuncian las organizaciones agrarias, puesto que no es dinero a fondo perdido pagado al sector, sino que se concreta, fundamentalmente, en 50.000 millones de créditos blandos y la posibilidad de acceder al cobro adelantado de unos 125.000 millones de pesetas de ayudas comunitarias.

Como medidas de apoyo a las zonas afectadas por la sequía, Agricultura ha aportado 3.150 millones de pesetas como indemnizaciones a productores con un total de 49.000 hectáreas de girasol y 14.000 hectáreas de remolacha que habían suscrito seguros contra pedrisco, así como para otras 50.000 hectáreas de cereales con seguro integral, pero que no habían llegado a nacer. Éstas serían las medidas adoptadas para compensar a los agricultores y ganaderos de las zonas afectadas por la sequía.

Créditos blandos.

Se han dispuesto 50.000 millones de pesetas prácticamente a interés cero y se baraja la posibilidad de ampliar esa cifra en otros 20.000 millones. Hay un tope de cuatro millones de pesetas de crédito por peticionario, si bien para acceder a los cuatro millones es preciso contar con 160 hectáreas, 160 unidades de ganado mayor o 1.600 ovejas. Con estas condiciones, no van a ser muchos los ganaderos que puedan percibir los cuatro millones.

Transporte de pienso.

Agricultura asignó inicialmente 225 millones de pesetas para apoyar con tres pesetas por kilo el transporte de piensos desde el norte a la mitad sur de la Península. Esa cifra se debería ampliar con una cantidad igual aportada por las comunidades autónomas. Actualmente se baraja la ampliación de esa ayuda para otras zonas como Cantabria o Asturias.

Agua.

Se han concedido 500 millones de pesetas para la construcción de pozos y el transporte de agua, cifra que se podría ampliar en otros 1.000 millones de pesetas.

Pagos adelantados.

El Ministerio suscribió un acuerdo con entidades financieras para que adelantasen los pagos previstos por la Política Agrícola Común para agricultores y ganaderos con un coste para la Administración de unos 2.000 millones de pesetas.

Seguro agrario.

La Administración asumió pagar indemnizaciones para los cultivadores de remolacha, girasol o cereales que hubieran suscrito seguros. Eso ha supuesto compensar por sequía a unas 14.000 hectáreas de remolacha, 48.000 de girasol y otras 49.000 hectáreas de cereales de invierno, con un coste para el Estado de unos 4.000 millones de pesetas. De cara el futuro, Agricultura ha planteado la posibilidad de contemplar el seguro contra la sequía en el olivar y el viñedo en el plan del año 2000.

Fiscalidad.

Se han prometido medidas fiscales para las zonas afectadas por la sequía. Actualmente sólo se contempla el aplazamiento de las cuotas a la Seguridad Social. Agricultura pretende que el Ministerio de Trabajo dé luz verde para la exención de las cuotas durante un periodo de cuatro meses, que supondrían un coste de 8.000 millones de pesetas. El sector reclama exención de cuotas durante seis meses, exención del impuesto de bienes inmuebles y la reducción a módulo cero en el IRPF a efectos de calcular la rentas.