El Gobierno insiste en que la "Euroagencia" debe pagar su alquiler

El subsecretario de Industria y Energía, el abogado del Estado Carlos González-Bueno, terció ayer de nuevo en la polémica suscitada entre la Administración española, a través del Ministerio de Industria, y la Oficina Europea de Marcas, por el pago del alquiler de la sede provisional de la Euroagencia, con sede en Alicante. González-Bueno, que preside el Cosoami -consorcio encargado de la construcción de la sede definitiva-, dijo ayer a EL PAÍS que la postura el Gobierno es inamovible.

"No entiendo a qué se debe tanto revuelo", exclamó ayer el subsecretario de Industria y presidente del Cosoami después de conocer la airada y dura reacción del presidente de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Oami), el francés Jean-Claude Combaldieu, ante la decisión de la Administración española de estudiar acciones legales contra la Euroagencia, por negarse ésta a abonar el alquiler de su sede provisional. El consejo rector de este organismo, encargado de gestionar la adquisición de los terrenos y la contratación de las obras de la sede definitiva de la Euroagencia, denunció públicamente que la Oami se niega a pagar el alquiler de su sede provisional, que se eleva a 11 millones de pesetas al mes, a pesar de que su presidente se comprometió por escrito a abonarlo a partir del pasado junio, cuando el edificio de la sede definitiva fue inaugurado por el presidente Aznar pese a que estaba, y continúa, en obras. Combaldieu, que ayer no quiso realizar declaraciones, emitió el miércoles un comunicado desmintiendo a González-Bueno, en el que asegura que se ha puesto en contacto con las autoridades españolas del más alto nivel para que le aclaren las declaraciones del subsecretario de Industria. "No sé cómo el señor Combaldieu puede desmentir al Cosoami, cuando tengo encima de mi mesa dos cartas firmadas por él en las que se compromete a correr con los gastos a partir de junio", indicó González Bueno. El convenio suscrito entre la Oami y la Administración española para construir la instalación de la Euroagencia en Alicante señala en una de sus cláusulas que cualquier discrepancia económica entre las partes se denunciaría ante los tribunales o se resolvería mediante el arbitraje. "Eso es lo que hemos hecho, estudiar un pleito porque consideramos que no nos corresponde pagar el alquiler del edificio provisional", puntualizó González-Bueno. El edificio que alberga provisionalmente la sede europea abrió sus puertas al público en enero de 1996, aunque el pago del alquiler se remonta meses atrás. Desde entonces, las arcas públicas españolas han desembolsado más de 500 millones de pesetas en concepto de arrendamiento del edificio, sito en la avenida de Aguilera. Precedente No es la primera vez que una Administración española se enfrenta a la Euroagencia por motivos económicos. El Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el PP, reclamó a la Unión Europea más de 300 millones de pesetas por el impuesto municipal de construcciones. Los responsables de la Unión Europea apelaron a la legislación comunitaria, que exime a la instituciones europeas del pago de impuestos, y ganaron esa batalla jurídica. González-Bueno aseguró ayer que la reacción de Combaldieu no variará ni un ápice los acuerdos del Cosoami, y reiteró que el impago del alquiler por parte de la Oami será analizado por los servicios jurídicos del Ministerio de Industria para que éstos decidan si se denuncia el caso ante los tribunales de justicia o se recurre a la vía del arbitaje.