Hacienda abre expediente por falta grave a cinco altos cargos de la inspección de Valencia

Primero Cataluña, después Madrid y ahora Valencia. La conmoción en la Inspección de Hacienda alcanza ahora a otra comunidad. La Agencia Tributaria ha abierto expedientes de carácter administrativo a cinco altos cargos de la inspección de la Comunidad Valenciana, incluido el ex jefe regional, Alfredo Pérez Lodares. Según fuentes consultadas por este diario, los expedientes, por presuntas irregularidades de carácter grave, van a ser comunicados a los interesados esta misma semana y afectarían a todas las áreas de la inspección en esa comunidad: provincial, regional y Oficina Nacional.

El inicio inmediato de esta operación de depuración en la inspección de la Comunidad Valenciana ya ha sido comunicado a altos cargos del Gobierno ajenos al departamento de Hacienda. Según las fuentes consultadas, la mayoría de las presuntas irregularidades detectadas por el Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria se refieren a actuaciones administrativas producidas hasta 1996 y relacionadas con la tramitación de expedientes de inspección, en especial demoras sin justificación en la resolución de algunos de ellos.Los hechos que van a desembocar en la apertura de los expedientes disciplinarios comenzaron a gestarse hace aproximadamente dos años y medio, cuando el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, encargó al Servicio de Auditoría Interna (SAI) investigar el comportamiento de algunos miembros significados de la inspección en la Comunidad Valenciana.

Ese encargo fue motivado por una fuerte presión empresarial, la existencia de numerosos rumores y la presentación de una denuncia contra los entonces responsables de la inspección en Valencia por parte de la policía de la capital de la comunidad.

La denuncia se presentó en febrero de 1997 contra, entre otros, el entonces jefe de la Inspección en Valencia, Alfredo Pérez Lodares, y varios de los integrantes de su equipo de inspección regional.

La denuncia fue tramitada por la policía tras recibir información de un individuo que fue detenido por su presunta implicación en el tráfico de drogas y apuntaba directamente contra la Inspección de Valencia como agente activo en la prescripción intencionada y sistemática de determinados expedientes fiscales a cambio de dinero.

Prescripción de expedientes

El caso acabó siendo instruido en Madrid por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien en aquel momento también se ocupaba de la causa sobre la supuesta y nunca demostrada condonación socialista de 200.000 millones de pesetas en expedientes de inspección por la vía de dejarlos prescribir.

De hecho, la argumentación de la denuncia sobre cómo se producían los hechos era la misma que en el caso de los expedientes de los 200.000 millones, por lo que se consideró que ambas eran causas conexas.

La investigación del magistrado Garzón, con quien trabajó la Fiscalía Anticorrupción, concluyó cerrando el caso y señalando que las denuncias contra los responsables de Valencia no tenían fundamento. La fiscalía, en sus conclusiones, afirmó que la Policía Judicial de Valencia "no ha aportado prueba alguna", y que no existían "indicios de la comisión de delito alguno". Con ocasión de aquella denuncia afloró un agudo, prolongado y soterrado enfrentamiento entre un sector de la inspección de Valencia, cuya cúpula fue completamente removida tras la llegada de Juan Costa a la secretaría de Estado de Hacienda, y los sucesivos directores de la Agencia Tributaria, en especial el primero de la nueva etapa abierta en 1996, Jesús Bermejo, quien fue cesado pocos meses después de ser nombrado.

Desde entonces, el cruce de acusaciones sobre persecuciones políticas y favoritismo han teñido este enfrentamiento.

Aparentemente, las investiga-ciones sobre la situación en Valencia habían quedado en vía muerta, pues incluso entre los meses de abril a julio, durante la crisis en la Delegación Especial de Hacienda en Cataluña, provocada tras el descubrimiento de las cuentas suizas de José María Huguet y Ernesto de Aguiar, dos ex altos cargos de la delegación de esta última comunidad, los responsables de Hacienda insistieron públicamente en que los comportamientos sospechosos quedaban circunscritos a unas pocas personas en el ámbito de una sola comunidad.

Posteriormente trascendió la existencia de una trama organizada en Madrid que extorsionaba y comerciaba con informes confidenciales sustraídos de Hacienda. Finalmente, la investigación sobre la delegación de Valencia concluyó a finales de julio. En la propuesta de los instructores se recogía la presunta existencia de irregularidades y la propuesta de abrir sendos expedientes a cinco miembros de la inspección.

La decisión de abrir los expedientes significa que se han econtrado indicios de irregularidades, aunque estás deben ser ahora documentadas y probadas antes de proceder a cualquier posible sanción.