El caso del licor emparedado

El Ayuntamiento de Granada guarda, desde hace 12 años, más de 13.000 botellas de licor sin registro sanitario decomisadas a un industrial por la policía. Las guarda emparedadas en una habitación del antiguo convento de las Hermanitas de los Pobres para impedir que las roben, aunque en realidad preferiría que desaparecieran. Las 13.000 botellas constituyen el núcleo de una pesadilla en apariencia irresoluble, uno de esos conflictos administrativos sin final que entusiasman a los lectores de Kafka. Tres delegados de Medio Ambiente han sido incapaces de destruir o devolver las botellas. El cuarto, Baltasar Garzón, asegura que sí, que solucionará el enrevesado caso de los licores emparedados. Todo comenzó el 28 de marzo de 1987, cuando la Policía Local intervino en la discoteca Schiocco más de 13.000 botellas de ginebra y vodka que carecían del número de registro sanitario y que respondían a marcas tan sonoras como Escualo, Sexi y Kara Kun. Fue una intervención cautelar cuya legalidad fue refrendada por la Audiencia de Granada y más tarde por el Tribunal Supremo. Las sentencias favorables, sin embargo, no consignaron el meollo administrativo del conflicto: qué hacer con ellas. Nadie ha probado que el licor sea indigesto ni que produzca las resacas memorables que acompañan a las bebidas de garrafa. Tampoco lo contrario. El propietario de las botellas ha reclamado puntualmente cada año, desde 1994, la devolución del cargamento, pues ningún tribunal ha establecido que deban ser destruidas. Los informes del Ayuntamiento han aceptado esta posibilidad, pero siempre que el contenido de las botellas sea analizado, uno a uno, para comprobar que son aptas para el consumo. ¿Y quién paga 13.000 análisis? El Ayuntamiento dice que el propietario, por supuesto, y el dueño de las botellas alega que sería más costoso que el precio real de los licores. Otra posibilidad, sopesada en los últimos 12 años, consiste en devolver a la fábrica las botellas para su reutilización, pero el costo sería excesivo. Así que el camino en apariencia más fácil era la destrucción. Nada de eso. ¿Dónde verter 13.000 botellas de alcohol? En el alcantarillado desde luego no: sería una bomba inflamable. Una delegada de Medio Ambiente, presa de la desesperación, llegó a recurrir al Ejército. Propuso que el licor lo quemara la antigua fábrica de pólvora que hay en el barrio granadino de El Fargue, pero por alguna razón no se pudo destruir. ¡Ni los artilleros del Ejército pudieron con las botellas! Los colaboradores de Garzón creen que el licor podría ser aprovechado como carburante por una cementera. Antes, claro, habría que vaciar pacientemente las 13.000 botellas en unos depósitos adquiridos para la ocasión y trasladarlos luego en camiones al lugar de destrucción. Pero ¿tiene el Ayuntamiento derecho a quemar el alcohol? Parece que no. Fue una intervención cautelar y nadie ha comprobado que los licores sean perjudiciales para la salud. Si es así, habría que devolverlos, pero antes analizar su contenido botella a botella, lo que obviamente nadie está dispuesto a costear. Y vuelta al principio de la pesadilla. ¿Qué ha sido de las botellas mientras tanto? Las cajas fueron almacenadas en un antiguo convento situado enfrente de la discoteca en donde fueron requisadas. Pero abandonaron el botín. El Ayuntamiento, tan temeroso de perder las botellas como de guardarlas, optó por una solución cuanto menos surrealista: emparedar las botellas como si fueran el alma de un fantasma loco. Y allí siguen, 12 años después de que fueran decomisadas, detrás de un muro de ladrillo, esperando la resurrección o la muerte.