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La oposición endurece sus ataques a Trillo en la votación del 'caso lino'

El pleno del Congreso aprobó ayer por 172 votos frente a 150 el dictamen de la comisión de investigación del caso lino en el que se exculpa a la ex ministra Loyola de Palacio de amparar una trama de altos cargos que se benefició de las sustanciosas subvenciones europeas al cultivo del lino. La Cámara rechazó los votos particulares en sentido contrario del PSOE, IU, PNV y el Grupo Mixto, que arremetieron contra el presidente del Congreso, Federico Trillo, por las irregularidades observadas en esta comisión. CiU, en cualquier caso, no admite la compatibilidad del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Moro, que recibió 82 millones.

El presidente del Gobierno, José María Aznar, gran parte del Ejecutivo y hasta 322 parlamentarios siguieron ayer con expectación el largo debate final, ya en pleno, de la comisión de investigación del caso lino. Una comisión creada oficialmente el pasado 27 de mayo y que realizó sus trabajos durante 70 horas -en sólo seis días de sesiones maratonianas, celebradas a veces por la noche- de comparecencias en las que se escuchó a 36 implicados en plena canícula madrileña. El debate de ayer sirvió para que cada grupo resumiese y reiterase sus ideas. En suma, la mayoría parlamentaria (PP, CiU y CC) ha determinado que ni Nicolás López de Coca, ex presidente del Fondo Español de Garantía Agraria; ni Gonzalo Ruiz Paz, ex director financiero de Mercasa; ni Quintiliano Pérez Bonilla, director general de Ganadería; ni Carlos Moro, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, tuvieron posibilidad alguna de disponer de información privilegiada por razón de sus cargos (los tres primeros relacionados con el Ministerio de Agricultura) para beneficiarse en su favor o en la de sus familiares de las millonarias ayudas que la Unión Europea concede al cultivo del lino.

Esta misma mayoría parlamentaria defendió que las subvenciones se tramitaron con absoluta transparencia y que, en todo caso, las conceden, controlan y fiscalizan las comunidades autónomas, y no la Administración central.

Por contra, el portavoz del PSOE, Luis Martínez Noval, remachó que la comisión se había iniciado con un escándalo, el de la presunta trama del lino, y concluía con dos, al manchar irremediablemente la teórica imparcialidad del presidente del Congreso, Federico Trillo. Todos los partidos de la oposición, PSOE, IU, PNV y Grupo Mixto se cebaron al relatar las implicaciones de Trillo en un cúmulo de irregularidades reglamentarias como parachoques del Gobierno.

Noval llegó a tachar de "sectario" el comportamiento de Trillo y sentenció que ha perdido su autoridad para dirigir la Cámara "y cualquier otra institución desde donde se deba actuar con neutralidad".

En otro momento afirmó que la acción concertada de Trillo con el Gobierno derivó, al habilitar por sorpresa el mes de agosto, en el "mayor atropello que desde 1978 ha sufrido el Congreso".

El portavoz del PNV, Carlos Caballero, que sostiene con la ex ministra un enfrentamiento visceral, incidió en la supuesta ideología ultraderechista de De Palacio y la acusó de haber "agitado la codicia de la derecha terrateniente española". Nueva Izquierda e IU denunciaron supuestas maniobras de la comisión para exculpar a toda costa a De Palacio.

El representante de CiU, Ignasi Guardans, emuló primero al más ardiente de los portavoces populares en la salvaguarda de la ex ministra y sus altos cargos y se atribuyó la posesión de la verdad al respaldar el dictamen que los exoneraba, pero se reservó para el final un dardo envenenado contra el aún delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Moro.

Guardans despreció el informe de la Inspección General de Servicios de la Administración que admite la compatibilidad de Moro como alto cargo y agricultor a "tiempo parcial", y anunció que demandará otro, con una inspección real y contrastándola con sus declaraciones en la comisión, en las que puso en evidencia que su faceta de agricultor era profesional -y por tanto incompatible- a la hora de comprar, vender e incluso tributar al fisco.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 17 de septiembre de 1999

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