Divorciadas y mujeres que hayan abortado podrán ser Miss América

El concurso de belleza más importante de EEUU, Miss América, ha cambiado sus normas por primera vez en 80 años para renovar su trasfondo ideológico. A partir de la próxima edición podrán concursar mujeres que estén divorciadas o que se hayan sometido a un aborto, dos situaciones que hasta ahora se consideraban inaceptables. Los cambios no son voluntarios, sino que responden a una orden judicial que se deriva de una denuncia por discriminación presentada en los tribunales de Nueva Jersey.Las normas que limitaban la participación en el concurso se hicieron más estrictas en 1949, cuando la ganadora, Jacque Mercer, se casó y se divorció en el año en que disfrutaba de su reinado. Desde entonces se obliga a las aspirantes a firmar un documento en el que garantizan con carácter notarial que nunca han estado casadas ni embarazadas, y quedaba aclarado que esta última cláusula incluía a las mujeres que se hubieran sometido a un aborto.

Los organizadores defendían estas condiciones con el argumento de que así se aseguran de que las ganadoras del concurso no tienen ningún compromiso familiar que impida su participación en los actos a los que deben acudir -también por contrato- las ganadoras.

Las nuevas normas todavía obligan a la firma de un documento, aunque se rebaja su lenguaje más estricto. Las aspirantes han de firmar un primer papel en el que tan sólo declaran: "No estoy casada". De esta forma, las mujeres divorciadas tienen ya la puerta abierta al concurso de belleza. El otro documento dice: "No estoy embarazada y no soy la madre natural o adoptiva de ningún niño". Esta declaración permite la participación de mujeres que hayan abortado o incluso de madres que hayan entregado a sus hijos en adopción, aunque sigue estando prohibida la participación de madres con hijos a su cargo. También se establece que las concursantes han de tener entre 17 y 24 años.

Según el presidente de la Organización Miss América, Robert Beck, los cambios en las reglas eran "razonablemente necesarios", aunque reconoce que se han hecho para "cumplir con los requerimientos legales". La decisión ha sido mal acogida por muchas de las organizaciones que convocan los concursos en cada estado y que han amenazado con recurrir a los tribunales.