Pinochet, sin arbitraje

El Gobierno, por boca del titular de Exteriores, Abel Matutes, ha adoptado la única posición correcta que cabía ante el caso Pinochet: dejar hablar, sin interferencias políticas, a los jueces, y en primer lugar al tribunal británico que tiene que decidir sobre la petición de extradición a España del octogenario ex dictador. Pese a que el Convenio Internacional contra la Tortura, base de esta demanda, prevea un arbitraje para el caso de que las negociaciones entre dos partes no lleguen a un acuerdo sobre una controversia, acceder a la petición chilena hubiera constituido una intolerable intromisión en la independencia de los poderes judiciales español y británico, e incluso podría haber dado lugar a un conflicto de competencias entre los resultados del arbitraje y de la propia línea judicial, avalada contra el fiscal general por el Tribunal Supremo.El intento de embarcar a la oposición socialista para una consulta al Consejo de Estado sobre un posible arbitraje, lógicamente, fracasó. Interferir, en un caso penal como éste, en la labor de los jueces para buscarle una salida al caso hubiera empañado, en vísperas electorales, la imagen de viaje al centro o la búsqueda del marchamo progresista que, de forma sorprendente, pretende el PP. Lo que sí ha sido un tanto sorprendente es que Abel Matutes se reuniera ayer a puerta cerrada con los portavoces de los partidos para fijar el tono del posterior debate sobre la posición del Ejecutivo en el Congreso. Los debates en el Parlamento deben ser con luz y taquígrafos.

Afortunadamente, la defensa de la independencia judicial ha prevalecido sobre las razones, sin duda de peso, de índole económica -defensa de las inversiones españolas en Chile, ahora sometidas a presión- o política -evitar la ausencia de los presidentes chileno y argentino en la próxima Cumbre Iberoamericana en La Habana-. En realidad, salvo violando la división de poderes, el Ejecutivo no disponía de margen de maniobra. Pero tampoco podía dejar de acceder a la solicitud de conversaciones al respecto efectuada oficialmente por el ministro de Asuntos Exteriores, Juan Gabriel Valdés, e incluso ir hasta el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, si así lo quisiera Chile, en lo que sería un largo procedimiento.

En todo caso, España no tiene lecciones que dar a nadie sobre cómo gestionar su pasado o hacer una transición a la democracia. De momento, y pese a las tensiones internas de una sociedad aún dividida, el caso Pinochet ha impulsado un primer diálogo entre militares y civiles sobre las graves violaciones de derechos humanos de aquella dictadura. No está garantizado, además, que los jueces británicos, en el juicio que se abre dentro de dos semanas en Londres, concedan la extradición solicitada, pues los lores limitaron las acusaciones a los delitos de tortura cometidos desde diciembre de 1988, y entre estos casos no figura ningún español. Pero cualquiera que sea el desenlace del procedimiento judicial, tras una larga detención en Londres que va casi para un año, Pinochet ha quedado ya políticamente derrotado. Y ninguna persona decente puede lamentarlo.