Un juez investiga si Repsol Butano emplea a inmigrantes ilegales como repartidores sin sueldo

El juzgado de instrucción número 12 de Barcelona ha abierto una causa contra la empresa Repsol Butano por un presunto delito de tráfico de tráfico ilegal de mano de obra, supuestamente cometido por emplear a inmigrantes ilegales para repartir bombonas, y cuyo único sueldo, según la denuncia, son las propinas que reciben de los usuarios.Las diligencias judiciales se han abierto a partir de la denuncia presentada por la fiscalía de Cataluña, que inició sus investigaciones tras la declaración de uno de los trabajadores de la empresa supuestamente afectado. Posteriormente la fiscalía interrogó a numerosos repartidores y camioneros. Se ha citado a declarar, en calidad de imputado, al representante legal de la empresa.

Los hechos se remontan a 1996, cuando el abogado Esteban Gómez Rovira presentó ante la fiscalía una denuncia para promover la legalización y contratación de repartidores de butano que, según el escrito que la fundamentaba, "trabajaban y trabajan sin sueldo alguno".

La fiscalía archivó la denuncia, pero el caso fue reabierto en 1998 cuando uno de los repartidores, el ecuatoriano Gilberto R., que estaba en situación ilegal en España, fue detenido por no llevar la documentación en regla.

Las autoridades decretaron el procedimiento de expulsión de Gilberto R. en abril de 1998, pero no se ejecutó por la interposición de un recurso contencioso.Gilberto R. y su abogado volvieron a presentar su caso en la fiscalía, y todo ha desembocado en la actual denuncia.

El abogado defensor también ha presentado otro escrito ante el juzgado, con el objetivo de que la causa "no se limite" a investigar a las empresas concesionarias a las que presumiblemente, según el letrado,responsabilizará Repsol Butano.

Según su escrito, "todo el grupo Repsol, que es quien cobra al final, puede y debe ocuparse de acometer la regularización de untrabajo que rechazan los trabajadores españoles".