Voracidad de las inmobiliarias
Hay situaciones menos inevitables que el reciente incendio que arrasó el monte de San Lorenzo de El Escorial. En EL PAÍS de marzo de 1999 se publicaba que la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) denunciaba "infracciones graves por licencias nulas de pleno derecho" en dicho pueblo. Efectivamente, se debía a la tala de 40 árboles, algunos centenarios, y la subsiguiente construcción de 16 chalés adosados en la carretera de la presa y en la calle del Padre Sigüenza, concretamente en la que fuera finca del ministro franquista Blas Pérez. A instancias del fiscal de Medio Ambiente, la Consejería de Urbanismo dio las oportunas instrucciones para la demolición de los chalés construidos y la paralización del resto del proyecto.
La situación actual sigue siendo de lo más preocupante no sólo porque no se ha procedido al derribo de los chalés construidos, sino, sobre todo, porque saltándose a la torera las supuestas órdenes de la Comunidad, mantienen el cartel anunciador de la próxima construcción de los chalés restantes.
La presión de las inmobiliarias en esta zona es abrumadora, pero que se salten a la propia Comunidad de Madrid sería escandaloso, además de sarcástico.
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