IU y PP piden explicaciones a Balza por la carga "desproporcionada" de la Ertzaintza en el Alarde

VIENE DE LA PÁGINA 1 El Ararteko alude en su texto al artículo 9.2 de la Carta Magna, y el 9.2 del Estatuto de Autonomía. Ambos obligan a los poderes públicos no sólo a remover los obstáculos, sino también a promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de igualdad. El Defensor del Pueblo actúa de oficio cuando presume situaciones de abuso. Estudiará el informe que le remita Interior y, si concluye que existió un comportamiento irregular, emitirá una recomendación dirigida bien a resarcir el daño causado, bien a modificar los procedimientos de actuación. El Ararteko no fue el único organismo que se movilizó ayer tras conocer los incidentes de Hondarribia. Izquierda Unida pidió la comparecencia urgente de Javier Balza en el Parlamento, "dada la virulencia y desproporción de la carga policial". En su escrito el portavoz suplente del Grupo mixto IU-EB, Javier Madrazo, asegura que "las actuaciones de la Ertzaintza tienen sistematicamente como objetivo a los grupos sociales más desprotegidos y discriminados", y entiende que "Interior debe hacer frente con diligencia a estos hechos, que lesionan y menoscaban la credibilidad de la Ertzaintza como policía integral al servicio público". Seguridad frente a igualdad Los agentes impidieron en la práctica que Jaizkibel ejerciera su derecho a la igualdad. La compañía trató de incorporarse al desfile de armas con el que se conmemora la batalla que libró a Hondarribia del sitio francés de 1638, pero se lo impidió un amplio dispositivo policial. Desde Interior se aduce que su actuación estaba encaminada a garantizar la seguridad ciudadana y evitar el enfrentamiento entre los partidarios y detractores de que la mujer participe en el desfile sin limitaciones. Las jornadas precedentes al día grande de las fiestas de la localidad fueron una sucesión de capítulos de tensión; insultos, agresiones y actos de protesta, de ahí su presencia. En todo caso, lo que Jaizkibel exigía ese día era su derecho a desfilar con la ley en las manos. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco avaló en enero de 1998, la petición de las mujeres. La sentencia fue recurrida por el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo y está pendiente de resolución. La actuación de oficio emprendida ayer por el Ararteko no es la primera que inicia en relación con el Alarde. Intervino ante los alcaldes de Irún y Hondarribia en 1996 y 1997. Precisamente porque después el asunto pasó al ámbito judicial, el Defensor se mantuvo al margen hasta días antes del Alarde del 98. Entonces, se dirigió al consejero de Interior para conocer el dispositivo diseñado para "mantener el orden" y especialmente "las medidas previstas para defender y posibilitar el derecho de las mujeres a participar en el Alarde". No solicitaba exclusivamente la protección de la "integridad física" sino también que pudiera desfilar, lo que no sucedió. En su informe el Ararteko expresó su convicción de que "Interior optó claramente por la seguridad de las personas, relegando la tutela del derecho de las mujeres reclamantes". Jaizkibel es minoría en un conflicto que toca los sentimientos más íntimos del pueblo de Hondarribia. De hecho, la compañía reunió el miércoles a alrededor de 150 personas, frente a los 4.000 integrantes del Alarde tradicional, que sólo admite a 20 mujeres como cantineras. La mayor parte de los ciudadanos de Hondarribia no acepta que se le diga desde fuera cómo tiene que vivir sus fiestas. Insiste en que quiere mantener incólume el legado que transmitieron sus antepasados hace 360 años y que este es el sentimiento mayoritario. La tensión vive todo el año a pie de calle. La Ertzaintza buscaba el miércoles con su presencia el evitar incidentes, pero acabó por ser protagonista. Txaro Arteaga, directora de Emakunde (Instituto Vasco de la Mujer), terció ayer en esta polémica y anunció su intención de conseguir que las partes enfrentadas en el conflicto, se sienten a negociar.