Víctimas

Los grupos parlamentarios se han puesto de acuerdo para no presentar enmiendas al proyecto de Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Se proponen facilitar con ello una rápida tramitación que permita incluir en los Presupuestos del año 2000 las partidas necesarias para las compensaciones económicas contempladas en la norma. Una ley que aspira a materializar el reconocimiento de la sociedad a los sufrimientos de las víctimas sólo tiene sentido si cuenta con un respaldo unánime; es decir, si no es utilizado como pretexto para batallas políticas o ajustes de cuentas entre partidos democráticos. Hubo un momento en que pareció que iba a ser esto último. Por eso es emocionante que haya imperado el buen sentido y que finalmente todos los partidos hayan renunciado a la tentación publicitaria. Ya sabemos que algunos partidos son nacionalistas y otros no, que unos sufrieron más que otros el azote del terrorismo y que siempre podrá considerarse insuficiente la cantidad de dinero destinada a paliar el dolor; pero mucho más importante que el contenido concreto de la ley es que el Parlamento refleje cabalmente el reconocimiento de toda la sociedad hacia las víctimas, las grandes olvidadas de estos años. La herida se ha mantenido abierta de diversas formas: homenajes a los autores de los atentados, contraste entre la preocupación episcopal por los presos y cierta indiferencia hacia sus víctimas, nombramiento de Josu Ternera para la comisión de derechos humanos, declaración del lehendakari negando todo papel en el proceso de paz a las víctimas... Afirmar, como hicieron algunos familiares hace dos días, que el acercamiento acordado por el Gobierno es como "trasladar de zulo a 50 secuestrados" no sólo refleja confusión mental, sino ceguera moral: ¿cómo va a ser lo mismo estar secuestrado que encarcelado por haber secuestrado?

Es esta confusión, ceguera y olvido lo que simbólicamente aspira a reparar la ley que respaldarán todas las fuerzas democráticas. Hacerlo es un deber de justicia.