La Fiscalía General da luz verde a la querella por la venta de la funeraria

Madrid - 10 sept 1999 - 00:00CEST

La Fiscalía General del Estado confirmó ayer a EL PAÍS que ha dado luz verde a la querella elaborada por la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en el proceso de privatización de la funeraria municipal que el gobierno de José María Álvarez del Manzano concluyó en 1992. La autorización de la Fiscalía General del Estado se produjo hace más de un mes, una vez que esta institución consideró que la Fiscalía Anticorrupción había resuelto las "observaciones" de carácter menor y técnico que se hicieron a un escrito que supera el centenar de páginas.

Cuatro altos cargos del PP son considerados por la fiscalía como responsables de un delito de prevaricación y de malversación de fondos públicos. Entre ellos, según fuentes relacionadas con la querella, figura Luis María Huete, primer teniente de alcalde hasta 1995, posteriormente senador en representación de la Asamblea de Madrid y en la actualidad diputado autonómico. Desde su puesto municipal, coordinó las tareas de privatización de la empresa funeraria.

La querella, según conocedores de la misma, también se dirige contra un miembro del actual Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón. El consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, asesor del gobierno municipal en 1992, también es considerado responsable de las supuestas irregularidades descubiertas en la venta del 49% de la funeraria municipal.

Igualmente son acusados por la fiscalía el concejal de Sanidad, Simón Viñals, ex presidente de la funeraria municipal, y el concejal de Patrimonio, Antonio Moreno. La querella alcanza también a empresarios que intervinieron tanto en el proceso privatizador como en la gestión de la empresa funeraria tras perder su carácter público.

José Ignacio Rodrigo, que pasó de ser asesor de la funeraria cuando era municipal a presidente de Funespaña, la empresa privada que la gestiona desde que perdió su carácter público, también es acusado por la fiscalía debido a que fue un "cooperador necesario" para que se consumaran los supuestos delitos de malversación y prevaricación por el gobierno municipal.

La querella será tramitada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid debido a que Huete, uno de los querellados, es aforado al ser diputado regional.

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La funeraria ha generado más de 6.000 millones de pesetas de beneficios tras ser privatizada en 1992 por su supuesto carácter ruinoso. La adjudicataria pagó 100 pesetas por el 48,98% de las acciones al considerar que el patrimonio neto de la empresa era negativo, y luego invirtió en la sociedad 200millones para alcanzar el 49%. El interventor del Ayuntamiento alertó entonces de que se estaba infravalorando la empresa porque se contabilizaba la deuda de 2.274 millones con el Ayuntamiento. El interventor sostenía que debía saldarse antes de la privatización. De hacerse así, el valor de la funeraria alcanzaría los 2.241 millones. Funespaña debería haber pagado 1.098 millones, el 49% del valor patrimonial, y no 100 pesetas.

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