¿Por encima de toda sospecha?

¿Hay alguien en el Gobierno de la nación o en el de la Generalitat de Cataluña que considere que Loyola de Palacio no tiene responsabilidad alguna en el asunto del lino ? La pregunta no tiene nada de retórica. Si el Gobierno de la nación estuviera realmente convencido de que el escándalo del lino fue un montaje electoral del partido socialista carente de toda consistencia, no se entiende su conducta respecto de la Comisión de Investigación constituida en el Congreso de los Diputados para esclarecerlo.

Se puede entender su decisión inicial de que la Comisión no se constituyera y no empezara sus trabajos hasta después del 13-J. Una campaña electoral es una campaña electoral y es lógico que un partido no quiera tener que hacerla defendiéndose, aunque sea de acusaciones sin fundamento.

Pero lo que no se entiende es la manera de actuar del Gobierno después del 13-J. No se entiende que impusiera un ritmo tan frenético a las comparecencias, de todo punto incompatible con un trabajo de investigación digno de tal nombre. No se entiende que tras haberse acordado un calendario que excluía el mes de agosto para el trabajo de la comisión, el propio José María Aznar tuviera que llamar directamente a Jordi Pujol para que este último hiciera rectificar a Ignasi Guardans de la decisión dada a conocer en rueda de prensa. No se entiende que se haya vulnerado de manera inequívoca el Reglamento del Congreso de los Diputados, que prohíbe que se altere el orden del día de una comisión reunida en sesión extraordianria. No se entiende que le haya impuesto al Presidente del Congreso de los Diputados la adopción de una decisión caciquil, que lo va a marcar de ahora en adelante con la etiqueta del sectarismo y le va a hacer perder su "autoridad" para dirigir la Cámara.

No se entiende nada. Si de verdad Loyola de Palacio está por encima de toda sospecha en el asunto del lino y es imposible que se pueda acabar poniendo de manifiesto la más mínima responsabilidad en su gestión, lo lógico hubiera sido que se dejara trabajar a la Comisión a un ritmo razonable. Serían los que habían lanzado la acusación sin fundamento los que acabarían quedando en evidencia y contra los que acabarían volviéndose los resultados de la investigación. ¿No fue esto lo que ocurrió con la investigación de la famosa amnistía de los 200.000 millones a los amiguetes ricos del PSOE? Cuando no hay nada no hay nada y cuanto más pausada sea la investigación tanto mejor. En una campaña electoral no se puede correr ningún riesgo, porque no hay tiempo para rectificar y las consecuencias de la decisión del cuerpo electoral no son reversibles. Pero fuera de una campaña electoral, si se está seguro de la propia posición, no tiene ningún sentido hacer trabajar una comisión a uña de caballo.

Se trata, además, de un esfuerzo que va a ser estéril. El asunto está siendo investigado por la Fiscalía y ante ella el Gobierno no va a poder recurrir a triquiñuelas parlamentarias. Ya veremos si Loyola de Palacio puede concluir su mandato como comisaria y dónde queda el crédito del Gobierno español con su imprudente propuesta.

Lo que ocurre es que esto a José María Aznar no parece que le importe mucho. Lo único que cuenta es la próxima convocatoria electoral. Y tal vez por aquí se pueda entender su manera de actuar en este asunto. Tras los resultados del 13-J y ante la perspectiva de perder en las próximas elecciones generales, se ha tomado la decisión de trasladar cualquier coste a un momento posterior a la celebración de las mismas, aunque entonces sea mucho mayor y aunque afecte al crédito del Estado y no sólo al del Gobierno. En esto coincide con el presidente de la Generalitat, cuya preocupación no parece ser muy distinta.