La alcaldesa de Pamplona nombra a un militar jefe de la Guardia Urbana

Pamplona cuenta desde ayer con un comandante del Ejército de tierra nacido hace 41 años en Larache (Marruecos) como nuevo jefe de la Policía Municipal. Se trata de Simón Santamaría Cebada, casado y padres de tres hijos al que la alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, ha designado para dirigir la Guardia Urbana de la capital navarra en sustitución de Josu Ganuza, designado jefe en 1995 por el entonces alcalde Javier Chourraut (CDN). El grupo municipal de Euskal Herritarrok reaccionó inmediatamente al nombramiento considerándolo "social y políticamente inaceptable" y criticó el riesgo de "militarización" que conlleva para la Policía Municipal. A juicio de EH, la designación es "desacertada e inadecuada", por entender que los valores que transmite el Ejército son contrarios a los que rigen en la sociedad actual y en un cuerpo de "carácter civil" como la Policía Municipal. Simón Santamaría pertenece a una familia de militares. Tras diversos destinos, como el batallón Estella XXI, adscrito al regimiento América 66 con sede en Ainzoain, pasó en 1992 a la reserva. Desde ese año trabajaba en la planta navarra de la factoría automovilística Volkswagen donde ejerció el cargo de jefe de seguridad y prevención de riesgos laborales y fue uno de los creadores del departamento de Medio Ambiente de la empresa, en el que permanecía hasta ahora como delegado. Las designaciones de Simón Santamaría, Fátima Baigorri y Pedro Luis Lozano -estos dos últimos como nuevos miembros del gabinete de asesoramiento personal de la alcaldesa Yolanda Barcina- han cerrado un ciclo de nombramientos que ha levantado polémica. Tres altos cargos del anterior gobierno tripartito de Pamplona, formado por CDN, PSN e IU, exigen ahora las mejoras salariales que el nuevo equipo de gobierno de UPN ha aprobado para sus concejales y personal de confianza que son además funcionarios. Los conceptos de antigüedad y grado que aquéllos no percibieron van a ser cobrados por sus sucesores. UPN aduce que los afectados renunciaron a un derecho legal por un compromiso ético de ajuste de gasto .