El PSPV propone que el Consell compre tierra para acabar con el minifundismo agrario

"Cualquier banco precisa de capital para poder funcionar. Un banco de tierra debe tener tierra para ser eficaz". Esta es la base de la propuesta del PSPV para el banco de tierra, un organismo creado hace unos meses con la intención de servir de base de datos de terrenos de cultivo en venta y cuya utilidad se ha demostrado nula. Según los socialistas, el banco de tierra debe tener un presupuesto para adquirir parcelas que después se venderían a agricultores profesionales, haciendo hincapié en conseguir parcelas más grandes y en la incorporación de jóvenes a la agricultura.

El minifundismo especialmente en las zonas de regadío, es uno de los males endémicos de la agricultura valenciana. Mientras que los estudios consideran rentable una explotación de cítricos a partir de 40 hanegadas, la cifra media del tamaño de los campos de naranjas en la Comunidad no alcanza, ni de lejos, esta cifra. El minifundismo encarece los costes de producción y reduce, por tanto, los beneficios que perciben los agricultores por su trabajo. Un ejemplo: Un kilo de naranja producido en una explotación de unas 400 hanegadas le cuesta al agricultor entre 7 y 8 pesetas. Ese mismo kilo de naranjas en un campo de unas dos o tres hanegadas tiene un coste de producción de entre 17 y 18 pesetas. Tanto unas como otras se van a pagar al mismo precio en el mercado, con lo que los beneficios obtenidos por uno y otro son abismalmente diferentes. A pesar de las evidentes ventajas que para la agricultura valenciana, y para los agricultores, supondría la concentración parcelaria, los esfuerzos realizados por las diversas administraciones autonómicas han sido escasos sino inexistentes. El PSPV ha propuesto que el banco de tierras, creado recientemente, se reforme y tenga, entre otras, esta función. Actualmente, el banco de tierras no es más que una base de datos de terrenos agrícolas en venta al que los propietarios de terrenos que deseen deshacerse de ellos -fundamentalmente porque ya no pueden hacerse cargo de ellos y sus herederos no se ocupan de los mismos- se pueden apuntar y en el que los agricultores que quieran ampliar pueden consultar. Sin embargo, este organismo es meramente virtual. El banco de tierras lo anunció durante toda la legislatura pasada María Ángeles Ramón-Llin, pero no fue hasta la llegada de Salvador Ortells cuando se puso en marcha en una especie de última acción política. Los defectos de planteamiento -los agricultores saben que la mejor forma de comprar un terreno es dirigirse a un corredor de tierras local, que les informa de muchos más detalles de la parcela que este organismo, incluso de la posibilidad de regatear en el precio final- y la falta de publicidad del organismo por parte de Agricultura -que fuentes agrarias atribuyen al hecho de que la propuesta la materializase Ortells y no Ramón-Llin- lo han abocado al fracaso. Hace un par de semanas no se registraba ni un solo apunte en esa base de datos. El diputado socialista Antoni Lozano, portavoz de Agricultura del PSPV en las Cortes Valencianas, ha propuesto que el banco de tierras funcione como en Francia. "Un banco necesita fondos para funcionar. El banco de tierra también debe disponer de esos fondos, que no son más que tierra", asegura Lozano, que critica el hecho de que el banco de tierras sólo disponga de 6 millones de pesetas para este ejercicio, una cantidad que sirve sólo para su funcionamiento burocrático. El diputado socialista propone que se destinen 1.000 millones de pesetas anuales en los presupuestos de los próximos diez años para la compra de tierra que, después se vendería a los agricultores profesionales con criterios definidos: la concentración parcelaria y la incorporación de jóvenes. Respecto a la lucha contra el minifundismo, Lozano apuesta por que la compra de terrenos por parte de la Administración se realice de forma selectiva, buscando zonas en las que se puedan comprar parcelas juntas que puedan conformar una superficie de cultivo suficientemente grande para ser rentable: mínimo de 20 hanegadas para cultivos de fruta dulce, 40 para cítricos y unas 12 para invernaderos. Estos terrenos, comprados por la Generalitat a precio de mercado, se venderían después a los agricultores profesionales a un coste menor. Esta sería la vía de acceso a la profesión agrícola de los jóvenes. En la actualidad, si un joven desea incorporarse a la agricultura percibe ayudas que pueden llegar, en el mejor de los casos a los cinco millones de pesetas. Esta cantidad es del todo insuficiente para poder disponer de una instalación agraria de las dimensiones oportunas para que la agricultura no sea una profesión poco rentable. "Si la Generalitat vendiera el terreno que adquiere desde el banco de tierra a los jóvenes a mitad de precio y con 20 años para pagarlo, se conseguiría avanzar mucho", asegura Lozano. Ramón-Llin tiene sobre su mesa el reto de acabar con un minifundismo que lastra la agricultura valenciana, más cuando directos competidores, como los países del norte de África, cuentan con explotaciones que se pierden en el horizonte.