Chile solicita formalmente a España que acepte un arbitraje internacional en el "caso Pinochet"

Chile pidió ayer formalmente al Gobierno español que inicie "de inmediato" conversaciones para someter a un arbitraje la disputa que enfrenta a ambos países tras la detención del ex dictador Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998 por orden del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. La proposición se recoge en una extensa carta enviada al ministro de Asuntos Exteriores español, Abel Matutes, por su homólogo chileno, Juan Gabriel Valdés. "Estoy confiado de que su Gobierno (...) otorgará una repuesta a la mayor brevedad a esta invitación", señala.

"Al haber surgido este diferendo es obligación ineludible de los Estados Partes de la Convención someterse a la fórmula de solución de controversias que pactaron, so pena de faltar a los compromisos contraídos por un tratado internacional", afirma Valdés en la carta a su homólogo español.El canciller chileno añade que esta "obligación jurídica" debe ser cumplida por las partes "de buena fe", conforme a lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

El Gobierno de Chile, que se opone a que el exmilitar sea juzgado en Europa propuso el pasado mes de abril la fórmula del arbitraje internacional, que sin embargo fue desestimada por el Consejo de Estado español porque Chile no había ratificado de forma plena la Convención Internacional contra la Tortura de la ONU. No obstante, ayer mismo el Gobierno del presidente Eduardo Frei levantó la reserva que tenía planteada sobre el artículo 30 de dicha Convención.

Mientras, la acusación popular en la causa que se sigue contra Pinochet en la Audiencia Nacional se oponen a que el exdictador chileno pueda tener una representación legal en España hasta que no se encuentre en el país.

En un escrito dirigido al juzgado de instrucción número 5 por el abogado Joan Garcés, la acusación popular señala que con esta maniobra Pinochet está cometiendo "una aplicación fraudulenta de la Ley".

Por su parte, el Ejército chileno pidió no obstaculizar la reconstitución de la verdad de lo ocurrido con los detenidos desaparecidos durante el régimen militar (1973-1990) por la búsqueda de la justicia absoluta, y demandó superar la lógica de "amigos-enemigos" para lograr que el diálogo promovido por el Gobierno llegue a la reconciliación.

Con un lenguaje novedoso, el texto del general Juan Carlos Salgado incluyó expresiones de comprensión ante el dolor de los familiares de las víctimas de la represión. Sin embargo, no mostró más cambios de fondo en la posición del Ejército que la sola presencia en este foro de diálogo. Salgado, un militar muy cercano al jefe del Ejército, el general Ricardo Izurieta, sostiene que no se deben equiparar a los detenidos y desaparecidos con las denuncias de violaciones de derechos humanos. Sobre estos últimos casos pidió un enfoque amplio: la responsabilidad, según él, recae en los actores del cuerpo social que, por acción u omisión, crearon las condiciones para la violencia.

Para Salgado no existen condiciones para la entrega de información por los criterios parciales con que se abordan hoy los derechos humanos. Afirma que se deben desplegar los máximos esfuerzos "para que la información que pueda existir -fragmentada y dispersa- pueda ser reintegrada y así satisfacer las explicables demandas de los familiares de todas las víctimas".