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El Gobierno crea una comisión para cobrar las deudas al Estado generadas por el GIL

Marbella y Estepona deben 15.000 millones a Hacienda y a la Seguridad Social

Los ayuntamientos de Marbella y Estepona encabezan la lista de las corporaciones locales que se han autoexcluido de la obligación de pagar impuestos. Los dos municipios malagueños, gobernados por el Grupo Independiente Liberal (GIL) -Marbella, desde 1991; Estepona, en los últimos cuatro años-, adeudan 15.000 millones de pesetas al Estado en concepto de IVA por las empresas municipales, retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y cotizaciones a la Seguridad Social. Al menos en los últimos cuatro años, las arcas del Estado no han recibido ni una peseta de las alcaldías ocupadas por el presidente del Atlético de Madrid y su hijo, según han constatado los concejales de oposición y los Ministerios de Economía y Trabajo. El Gobierno ha creado una comisión para tratar los impagos. Marbella y Estepona no son los únicos municipios morosos con el Estado, pero sí los que han generado mayor volumen de deuda en proporción a los habitantes (86.000 marbellíes y 35.800 esteponeros), como comprobaron los miembros del Grupo de Trabajo de Seguimiento de la Deuda Tributaria de las Corporaciones Locales, constituido a principios de año a instancias del vicepresidente Rodrigo Rato. Esta comisión acordó, entre otras medidas, el embargo preventivo de los fondos PIE (Participación en los Ingresos del Estado). La Junta de Andalucía ha suspendido también las ayudas.

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Soluciones

El ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, mantiene como prioridad en su agenda de septiembre la búsqueda de soluciones para las 278 corporaciones locales morosas, que deben un total de 44.000 millones al Estado, y en cuya lista Marbella y Estepona ocupan los puestos de cabeza.La gestión financiera de Jesús Gil y Gil como alcalde de Marbella está siendo investigada desde diversos frentes: los juzgados; la Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía; la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas. Las finanzas de Estepona, en manos de Jesús Gil Marín, hijo del alcalde de Marbella, hasta el pasado 23 de julio, han iniciado ya su andadura por los tribunales. La fiscalía de Málaga investiga la denuncia por la venta de solares a una empresa vinculada con Gil Marín a precio supuestamente inferior al mercado. Ha sido una de las anomalías encontradas por los auditores contratados por el nuevo gobierno municipal para recomponer la contabilidad de la era GIL.

El alcalde, el socialista Antonio Caba, está seguro de que la auditoría terminará en la Fiscalía Anticorrupción. Los cerca de 500 millones de pesetas que los doce ediles del GIL y sus familiares cobraron del Ayuntamiento y de las empresas municipales creadas por ellos mismos en sólo año y medio son, según el alcalde, un botón de muestra. "Los trapicheos que estamos encontrando superan todo lo imaginable. Han expoliado la ciudad", dice Caba. El presidente local del PP y concejal de Cultura, Antonio Sánchez Bracho, es más explícito: "El GIL ha perfeccionado en Estepona toda la granujería aplicada en Marbella". Y el concejal de Hacienda y senador socialista Francisco Zamorano no duda en calificar la gestión del GIL de "saqueo", que pasó a "piratería" durante los 40 días que emplearon para traspasar el bastón de mando. "De los 19 millones que guardaban las cajas fuertes de las empresas municipales el 13 de junio han quedado 100.000 pesetas", comenta.

Mientras los auditores continúan su trabajo, que previsiblemente estará listo a finales de septiembre, el Ayuntamiento se enfrenta a un problema inmadiato: cómo hacer frente a los 14.400 millones de deudas dejadas por el GIL en Estepona. Los proveedores reclaman 2.779 millones; los bancos, 3.000; el Estado, 4.600, más demora; el agujero de las empresas municipales supera los 4.000 millones... El senador Zamorano no sabe en qué orden colocar las exigencias de pago, tal es la quiebra de las arcas municipales. En agosto han pedido ayuda a la Junta y en septiembre harán lo propio ante el Gobierno. El senador lo tiene claro: "La Administración ha consentido este disparate. Ahora tienen que mojarse".

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