La tasa de Loyola
LOYOLA DE Palacio, próxima vicepresidenta de la Comisión Europea, ha resucitado la vieja idea de José Borrell de imponer una tasa o impuesto a los vehículos por utilizar las autovías públicas en Europa. Las reacciones en contra de consumidores, transportistas y automovilistas son un buen indicador de que la idea de la ex ministra española, expuesta en sus respuestas escritas al cuestionario planteado por el Parlamento Europeo como parte del examen protocolario a la candidata, es muy impopular entre una amplia mayoría de ciudadanos. Aunque matizó posteriormente que no hay una propuesta concreta y que quedaba excluida una tasa única para toda Europa, lo cierto es que sus respuestas reverdecen el debate sobre la financiación de las infraestructuras públicas.La idea de una tasa o recargo a los automovilistas en concepto de uso de las autovías es una trivialidad si no se precisan razones y condiciones. Cualquier actividad es susceptible de convertirse en un hecho imponible, pero la primera obligación de un gobernante es explicar por qué debe subir un impuesto o por qué se crea uno nuevo. Si el objetivo de la ex ministra es, como ha sugerido vagamente, mejorar el medio ambiente reduciendo el consumo de combustibles, se ha equivocado de procedimiento. Por la sencilla razón de que el consumo de gasolina no baja en razón directa y proporcional al encarecimiento del precio. Para tener una idea exacta de lo inadecuado de este sistema baste recordar que, según la Agencia Internacional de la Energía, para mantener en el año 2010 el nivel de emisiones de 1990 restringiendo el consumo mediante los precios, el barril de crudo debería costar en torno a 160 dólares (ahora, ligeramente superior a los 21 dólares). Es decir, el precio de la gasolina en Europa debería multiplicarse en la misma proporción, lo cual llevaría el precio del litro a unas mil pesetas. Es, lógicamente, una política inaplicable.
Si lo que pretende De Palacio es simplemente aumentar la recaudación de las haciendas comunitarias debería explicarlo así a los contribuyentes europeos, defender públicamente las razones de ese aumento y dejar muy claro que lo que propone es, lisa y llanamente, un recargo de la tributación que pesa sobre el automóvil. Ésa es la traducción final de la tasa que defiende. En el supuesto, muy improbable, de que el legislativo comunitario considerara una tasa adicional habría que resolver el problema de encajar el recargo en estructuras fiscales muy diversas. En España, por ejemplo, sería más lógico hacerlo a través de un aumento de los impuestos sobre gasolinas y gasóleos, muy inferiores a los del resto de Europa.
Es verdad que esa homologación tendría un fuerte impacto inflacionista; pero el Gobierno podría aliviar la presión sobre los precios reduciendo los peajes de las autopistas. Las modestas rebajas que hasta ahora han aplicado las concesionarias son muy inferiores a las que se derivan del descenso en picado de los tipos de interés en los últimos tres años. Rafael Arias-Salgado debería explicar, por ejemplo, por qué los usuarios no se están beneficiando en la proporción debida del descenso de los costes financieros de las autopistas y, por añadidura, por qué se están ampliando los periodos de concesión a las empresas. Pero este Gobierno es impermeable a imponer este tipo de equilibrios tarifarios que benefician a los consumidores; no es de extrañar que en el cuestionario de la vicepresidenta no se tengan en cuenta, aunque un cambio de más impuestos por menos peajes es una propuesta política y socialmente más aceptable.
En su embarullado afán por deslumbrar al Parlamento y por "arreglar Europa de un plumazo", Loyola de Palacio se ha olvidado también de la prudencia y de la coherencia. No parece sensato exponerse a las críticas de media Europa en el momento de su ratificación por la Cámara. Además debería saber que fue el Gobierno español, del que ella formó parte, el que se opuso a homogeneizar la fiscalidad europea de los carburantes. El ejercicio del cargo quizá le ayude a meditar más y mejor sus ideas; las que ha expuesto hasta ahora son inservibles y perjudiciales para los ciudadanos.
