La presidenta del Supremo venezolano dimite y da por enterrado el Estado de derecho

ENVIADO ESPECIALLa depuración del poder judicial pretendida por el Gobierno de Hugo Chávez arrancó sin necesidad de destituciones directas, y de manera violenta y trascendente. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Cecilia Sosa, renunció ayer al cargo, declaró autodisuelta la Corte, máximo tribunal venezolano, porque "se ha suicidado para evitar ser asesinada" por la Asamblea Nacional Constituyente. Denunció públicamente que desaparece el último control de la constitucionalidad en Venezuela y que la Asamblea atenta contra la democracia.

El proceso de cambios emprendido por el Gobierno revolucionario y sus plataformas afines se cobra pues su primera víctima de peso. Sosa calificó de "traidores" a los partidos y al Congreso elegido el 9 de noviembre de 1998, reducido por la Constituyente salida de los comicios del pasado 25 de julio a su mínima expresión, y dimitió después de que ocho magistrados de los 15 miembros del CSJ, contra el voto negativo de cuatro, y la ausencia de otros dos, decidieran en la noche del martes acatar el decreto de emergencia judicial aprobado la pasada semana por la Asamblea Constituyente. Ese decreto creó una comisión encargada de investigar el desempeño de los magistrados de la CSJ, del Consejo de la Judicatura, y de, aproximadamente, 1.200 jueces nacionales, antes de proceder a su despido, sanción o confirmación en el cargo.Cecilia Sosa negó a ese grupo investigador, y a la Constituyente, la facultad legal de decidir sobre el destino profesional de los integrantes del Supremo, y de cogobernar. La Asamblea únicamente fue autorizada por el referéndum que abrió pasó a su creación, manifestó Cecilia Sosa, a redactar la nueva Constitución que sustituirá a la vigente desde 1961, y también a diseñar "un nuevo sistema que acabara con los vicios y las rémoras de una democracia que había involucionado". "Una democracia que había permitido el encapsulamiento de unos pocos dirigentes políticos para dirigir los destinos del país usando la corrupción como mecanismo para atraer adeptos", insistió la, hasta ayer, presidenta de la CSJ.

El Gobierno de Chávez atribuye a la dirección de los partidos Acción Democrática (AD), socialdemócrata, y Copei, democristiano, un sistemático saqueo de las arcas públicas y una pésima gestión de gobierno durante su hegemonía política de cuatro decenios, un periodo que acabó elevando los índices de pobreza hasta el 80% de los habitantes de la nación petrolera. Cecilia Sosa, de 56 años de edad, casada y con tres hijos, consideró, sin embargo, que la Asamblea Constituyente es un simple mandatario del pueblo, con una misión concreta que cumplir (preparar la nueva Carta Magna) y un plazo para ejecutarlo (180 días). "El hecho de que la Asamblea sea originaria [no plenipotenciaria, había precisado en anteriores declaraciones] no la faculta para actuar como poder constituido rompiendo el sacrosanto principio de la división entre poder constituido y poder originario, y entre poder absoluto y poder democrático".

"¿Ahora quién va a legitimar los actos de gobierno de la Asamblea Nacional Constituyente cuando vamos a votar una Constitución?", se preguntó en la sede de la Corte, rodeada por las cámaras de televisión de las principales cadenas venezolanas. Portavoces de los ocho jueces que acataron el decreto de emergencia declinaron criticar la dimisión, que dijeron se efectúa a titulo personal, y reiteraron su disposición a colaborar con la Asamblea Constituyente en la reforma del poder judicial.

"Con la actuación de la Asamblea Nacional Constituyente y la sumisión de la Corte a sus designios desaparece el último control de constitucionalidad y legalidad que había en Venezuela", subrayó Sosa. No quedaron ahí las declaraciones. A continuación cargó contra el Congreso y los partidos, que apenas han presentado resistencia al proceso de drásticas reformas en marcha bien por no tener fuerza para ello, caso de AD y Copei, o para evitar una "confrontación innecesaria" como institución, según declaró a EL PAÍS el democristiano Henrique Capriles, presidente de la Cámara de diputados. La Constituyente aborda precisamente hoy el destino del Congreso, que probablemente permanecerá en permanente receso parlamentario hasta su definitiva desaparición.

Traición a la democracia

"Quiero denunciar la traición del Congreso de la República y de los partidos políticos a la democrácia, ya que no sólo destruyeron lo poco que quedaba de un régimen moribundo, como acertadamente ha señalado el presidente de la República", añadió, "sino que violaron el Estado de derecho al abandonar motu proprio sus responsabilidades constitucionales y hacer desaparecer una de las ramas fundamentales del Gobierno, el Congreso".La letrada dimisionaria, que había sostenido varios choques con la Asamblea Nacional Constituyente, con 120 de sus 131 escaños ocupados por diputados leales a Chávez, dijo que "con profundo dolor tengo que pedirles a los venezolanos y al mundo que me perdonen, pero, formada en democracia, no puedo participar en lo que considero atentatorio a ella". De acuerdo a su criterio, al acatar el decreto de emergencia de la Asamblea, la Corte Suprema se autodisuelve. La explicación es clara: "Sencillamente, la Corte Suprema de Justicia de Venezuela se suicidó para evitar ser asesinada. El resultado es el mismo: está muerta".