Los empresarios venezolanos protestan contra el proyecto constitucional sobre la propiedad

ENVIADO ESPECIALLos pobres de siempre y la clase media empobrecida secundan sin apenas reservas la revolución emprendida por el presidente venezolano, Hugo Chávez, pero el grueso del empresariado rechaza la acometida oficial contra los poderes públicos y el carácter originario de la Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva Constitución y de reformar las estructuras del Estado. Reclama también un programa económico claro, seguridad jurídica, menos intervencionismo y enmendar el proyecto constitucional sobre el derecho a la propiedad privada.

"La Carta Magna de Chávez legaliza las invasiones", denuncia Vicente Brito, presidente de Fedecámaras, el principal sindicato patronal. La propuesta gubernamental sobre derecho a la propiedad que debate la Constituyente establece que toda persona tiene derecho al uso y disfrute de sus bienes, pero la ley podrá subordinar tal uso al "interés social". "¿Quién define el interés social?", se pregunta Brito. "El hecho es que un grupo de ciudadanos considera que necesita algo y lo toma por la fuerza, como sucedió con las invasiones [de viviendas y fincas]. Rechazamos el término de "interés social" como argumento para limitar la propiedad privada. El "interés general" [contenido en la moribunda Constitución de 1961] es suficiente".Las preocupaciones de los empresarios nacionales sobre el proyecto constitucional a debate en la Asamblea, donde el chavismo controla 120 de sus 131 escaños, sus planteamientos sobre captación de inversiones o reactivación económica -la contracción del PIB puede situarse este año en torno a los cinco puntos-, fueron comunicadas ayer a la Comisión de Economía. En opinión de Brito, pareciera que el Gobierno se considera lo suficientemente capaz como para resolver todos los asuntos sin consultar a los afectados. "No podemos seguir en el limbo económico basado en un proyecto político".

Los empresarios proponen crear condiciones de estabilidad macroeconómica, garantizar la vigencia de la propiedad privada y la legitimidad de los beneficios, limitar el gasto público, reducir el déficit interno, modificar las leyes de Seguridad Social, ratificar los convenios internacionales y mantener un diálogo abierto con la Organización Mundial de Comercio (OMC). Aconsejan al Ejecutivo que concentre sus esfuerzos en la atención a los sectores de Salud y Educación, como de hecho parece estar sucediendo, y promover la competencia en el sector privado.

Viejos males

Los males económicos de este pozo petrolero de 23 millones de habitantes, 80% en la pobreza, vienen de muy atrás, y son consecuencia, entre otros factores, de fugas multimillonarias a cuentas bancarias en el extranjero ejecutadas por banqueros, políticos, funcionarios o empresarios; de un modelo excesivamente dependiente de los ingresos provenientes de las exportaciones del crudo, y de la equivocada política fiscal y cuatro ajustes registrados en el bienio 1998-1999, durante la presidencia del democristiano Rafael Caldera.Las drásticas reformas políticas pretendidas por la Constituyente, salida de las elecciones del 25 de julio, no son compartidas por la gran mayoría de los hombres de negocios, de acuerdo con sondeos de sus asociaciones Conapri y Conindustria, y de la encuestadora Datanálisis. El 94% de los empresarios, según ese escrutinio, se pronuncia contrario a la disolución de la Corte Suprema de Justicia; el 81% consideraría negativa la disolución del Congreso; el 71% niega carácter originario a la Asamblea Constituyente; el 91% piensa que ésta acabará interviniendo los poderes constituidos; el 90% señala que esas iniciativas influyen negativamente en la inversión, y el 72% de los industriales redujo o ha congelado sus planes de inversión.

A pesar del deterioro del escenario económico, el presidente Chávez es todavía apoyado por el 76% de los venezolanos porque penetró en la sociedad su mensaje de que las calamidades padecidas son responsabilidad del bipartidismo de los últimos cuatro decenios, y la solución llevará tiempo. La ansiada inversión extranjera, mientras tanto, observa el proceso. Las privatizaciones de empresas eléctricas, acueductos, diversos servicios públicos, hostelería y obras por concesión son objetivos obvios, sostiene el analista Antonio Francés.