Los fiscales critican los argumentos de los abogados de Pinochet

Adrián Salazar, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), criticó ayer las declaraciones de Fernando Escardó, uno de los abogados del general Augusto Pinochet, quien calificó de "balance muy pequeño" los 3.000 muertos y desaparecidos durante la dictadura en Chile. Para Salazar, estas afirmaciones son "la argumentación de todos los genocidios, de Hitler y la bomba atómica; es una argumentación inmoral y sin ningún tipo de soporte, porque nunca puede justificarse la muerte de personas con finalidades interesadas", informa Europa Press.El presidente de la UPF se mostró convencido de que los abogados de Pinochet y las autoridades chilenas "están intentando, mediante presiones políticas y económicas, que Pinochet no sea juzgado". Salazar añadió: "Están intentando agarrarse a todo tipo de argucias legales para evitar que sea extraditado".

Con referencia a las declaraciones de Escardó en las que opinaba que Pinochet, al igual que Hitler, no había matado a nadie, Salazar manifestó que "la responsabilidad penal, incluso por autoría, no sólo se extiende a aquél que ejecuta directamente el hecho, sino también al que imparte las órdenes o induce" al delito, "como ocurre con una organización terrorista". El presidente de la UPF recordó que los delitos que se persiguen en este caso son los de genocidio, terrorismo y torturas en el marco de un Estado, "por lo que la responsabilidad máxima corresponde a quien ordena y es responsable de los actos de sus subordinados".

Miguel Colmenero, portavoz de la Asociación de Fiscales (AF), también se refirió a las declaraciones de los defensores de Pinochet y afirmó que "no se le acusa de haber empuñado las armas personalmente. Él es responsable en cuanto que decidía permitir que se ejecutasen a todas esas personas, y el hecho de que no lo hiciese personalmente no elimina su responsabilidad". Tanto la UPF como la AF coincidieron en señalar que las razones humanitarias que se alegan para evitar que Augusto Pinochet sea juzgado en España persiguen la impunidad del general y no preservar su salud.