La Asamblea Constituyente investigará a la Corte Suprema y a toda la judicatura de Venezuela

ENVIADO ESPECIALLos magistrados de la estigmatizada Corte Suprema de Justicia de Venezuela (CSJ) y del Consejo de la Judicatura, y todos los jueces nacionales, serán sometidos a una evaluación de su desempeño en el ejercicio del cargo, a una reválida sobre su probidad o corrupción que determinará la permanencia, destitución o aplicación de sanciones. La Asamblea Constituyente aprobó ayer, por consenso, un decreto de emergencia judicial, que establece la creación de una comisión extraordinaria encargada de depurar la judicatura y franquear el paso a nuevos magistrados.

Después de la decisión que tomó ayer la "soberanísima", el sistema judicial venezolano queda en capilla. La apisonadora constituyente prosiguió la operación de aplastamiento o relevo de los poderes constituidos durante los Gobiernos del régimen bipartidista de los últimos cuatro decenios, y, paralelamente, al confuso y aun embrionario diseño de las nuevas instituciones ambicionadas por la revolución del presidente, Hugo Chávez. La semana próxima abordará la parcial disolución del Congreso y la expurgación de los sindicatos, tenidos como cómplices de la corrupción y empobrecimiento nacional imputados a los partidos Acción Democrática (AD), socialdemócrata, y Copei, democristiano.Al menos cien jueces de diferentes instancias pueden ser suspendidos en la primera tacada de la Comisión Disciplinaria adosada por los constituyentes al Consejo de la Judicatura, también sujeto a purga. Este cuerpo de inspectores reveló que la existencia de más de 3.000 denuncias contra jueces, casi tres por cada uno de los 1.170 tribunales nacionales.

La Asamblea Constituyente culminó ayer el debate del proyecto de emergencia que establece los nuevos fundamentos de sistema judicial, en términos más radicales a los presentados por los asesores de Chávez, quienes en el anteproyecto de decreto proponían la ratificación de los magistrados del Supremo. La comisión extraordinaria estará integrada por cinco constituyentes, probablemente todos ellos de la mayoría oficialista, leal al presidente Hugo Chávez, y cuatro representantes de la sociedad civil también en sintonía con la insurrección del comandante.

Uno tras otro, los oradores arremetieron contra el Consejo de la Judicatura y la CSJ, cuya presidenta, Cecilia Sosa, no piensa renunciar, ni reconoce a la "soberanísima", nacida en las elecciones del pasado 25 de julio, el poder originario asumido por ésta, la facultad de disolver, suspender o modificar cualquier poder público. Así se lo recordó también, con vehemencia, el presidente de la Asamblea, Luis Miquilena: "Todo lo que se oponga a las decisiones de la comisión constituyente será eliminado, si la Corte Suprema de Justicia toma cualquier medida, y es probable que la tome, tengan la seguridad de que por unanimidad no habrá aquí nadie que vacile un sólo momento en eliminar a la Corte Suprema de Justicia. Los miembros de la Corte deben tener claro que no existe ningún poder por encima del poder de la Constituyente".

Magistrados atracadores

Vladimir Villegas, de Patria Para Todos, grupo que forma parte de la coalición gubernamental Polo Patriótico, fue uno de los parlamentarios que se pronunciaron terminantemente contra la inclusión de alguno de los miembros del Supremo o del Consejo de la Judicatura en la comisión extraordinaria aprobada ayer para depurar el sistema y proceder a su reorganización estructural. "¿Vamos a involucrar al atracador de bancos en la investigación del caso? Y con esto no quiero llamar atracadores a los magistrados".La comisión, tras emitir un informe en el plazo de 20 días, y otros delegados de la Constituyente abordarán la posible sustitución de la Corte Suprema por un tribunal diferente, subordinado a una Sala Constitucional, autorizada a dirimir los conflictos creados durante la redacción de la nueva Carta Magna.