El PP y sus socios imponen su mayoría y cierran el 'caso lino' sin hallar irregularidades

La comisión de investigación del caso lino acabó ayer con una tormentosa sesión extraordinaria en la que PP, CiU y Coalición Canaria impusieron su mayoría -en voto ponderado, 176 votos frente a los 172 de PSOE, IU, PNV y Grupo Mixto- para aprobar unas conclusiones que descartan la existencia de una trama de altos cargos dedicada a cazar primas millonarias de la UE, exculpan a la ex ministra Loyola de Palacio de cualquier responsabilidad y atribuyen la polémica a un montaje electoralista impulsado por el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José Bono. Por imposición de CiU, el PP ha aceptado que se investigue la situación del delegado del Gobierno y cultivador Carlos Moro. El PSOE quiere que la investigación de la Inspección General de la Administración sobre Moro esté lista en septiembre, antes de debatir en pleno las conclusiones.

Carlos Moro y su esposa, principales cultivadores de lino de la provincia de Cuenca, recibieron unos 80 millones de pesetas en subvenciones por sus cultivos desde 1994. La ley obliga a los delegados del Gobierno a dedicarse en exclusiva al desempeño de su cargo. A instancias de CiU, según explicó el portavoz catalán, Ignasi Guardans, el PP ha aceptado incluir en las conclusiones aprobadas ayer una petición para que la Inspección General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, informe sobre la compatibilidad del cargo de delegado del Gobierno con la condición de "empresario agrícola" reconocida por el propio Moro en el Congreso.La de Moro ha sido la única concesión del PP y de sus aliados parlamentarios a la oposición, que mantiene la acusación de que la ex ministra de Agricultura Loyola de Palacio "por acción u omisión" amparó una trama de altos cargos en su ministerio dedicada a cazar las elevadas primas de la UE -120.000 pesetas por hectárea- para un cultivo que, en España, carece de utilidad comercial.

Todo legal

El PP y sus socios no sólo exculpan a De Palacio, sino que en las conclusiones rechazan expresamente la posibilidad de que los altos cargos implicados en el escándalo, el ex presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Nicolás López de Coca; el director general de Ganadería, Quintiliano Pérez Bonilla, y el ex director financiero de la empresa pública Mercasa, Gonzalo Ruiz Paz, hayan cometido irregularidad alguna. En los tres casos mencionados, PP, CiU y Coalición Canaria consideran perfectamente legal que los familiares de los altos cargos mencionados se dedicaran al cultivo del lino y percibieran ayudas por ello.Sin embargo, según ha destacado la oposición, han ignorado algunos detalles importantes, como el hecho de que el ex presidente del FEGA avalara con 70 millones de pesetas las actividades de sus hijos en el lino, lo que supone un interés económico directo del alto cargo que tenía la responsabilidad, precisamente, de ordenar y trasponer la normativa comunitaria sobre el lino.

Las conclusiones de la mayoría han ignorado también otros espinosos asuntos, como la coincidencia de los implicados en la misma empresa transformadora (Colino, propiedad de los Ruiz Paz) o la acusación lanzada por el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, quien aseguró en el Congreso que tres de los cuatro altos cargos habían llamado a su consejería para impedir un endurecimiento de los controles al lino.

Para el PP, ninguna de las acusaciones, que atribuye a un montaje electoral del presidente castellanomanchego, José Bono, ha sido probada. Por ello, el diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo -"amigo personal" de Carlos Moro, según reconoció en la comisión- animó ayer a los acusados de formar la trama a iniciar acciones legales contra Bono.

En el extremo opuesto, los portavoces del PSOE, Luis Martínez Noval; de IU, José Luis Centella, y de Nueva Izquierda, Ricardo Peralta, sostuvieron en conferencia de prensa todas las acusaciones lanzadas contra Loyola de Palacio y sus altos cargos. Martínez Noval elevó el tiro incluso y acusó al presidente del Gobierno, José María Aznar, de amparar el anómalo procedimiento seguido en la comisión de investigación para ocultar, dijo, "que en los mismos despachos del Ministerio de Agricultura se hacía política y negocios".

La oposición tiene la intención de impugnar el acta de la comisión de investigación del día 29 de julio en la que se decidió acabar los trabajos en pleno mes de agosto. En aquella votación, todos los portavoces de la oposición se ausentaron en la votación. En la sesión celebrada ayer, a puerta cerrada, los portavoces de la oposición solicitaron que se escucharan las grabaciones que probaban cómo el 29 de julio se ausentaron de las votaciones.

El PP y sus socios negaron la audición alegando problemas técnicos. El PSOE no descarta enviar las conclusiones de la oposición a la fiscalía, que a instancias de la UE investiga también el escándalo del lino.