Penas mínimas para los asesinos de 11 campesinos en Guatemala
El tribunal guatemalteco encargado de juzgar a 25 militares -un subteniente y 24 soldados- acusados de asesinar en 1995 a 11 campesinos desarmados (la llamada matanza de Xamán), impuso el viernes a éstos penas de cuatro y cinco años de prisión conmutables con una multa. Tras esta sentencia, todavía quedan en Guatemala 668 matanzas por esclarecer, sin que se haya llevado ante la justicia a los responsables.El fallo judicial absolvió a los militares de la acusación de ejecución extrajudicial, delito que dio pie al fiscal para pedir la pena de muerte contra los militares, y tipificó la matanza como "homicidio culposo" (tipo que se aplica a un conductor que en un accidente de tráfico da muerte a una persona). Esta condena -la pena mayor corresponde a quienes dispararon, y la menor, al resto de la patrulla, como encubrimiento- se considera ridícula porque es conmutable por una multa de cinco quetzales diarios (unas 100 pesetas).
La fiscalía tiene la posibilidad de apelar la sentencia, pero no fue posible saber si el fiscal lo hará, toda vez que ni siquiera llegó a la lectura de la sentencia.
Farsa jurídica
"Con el fallo emitido por el Tribunal de Sentencia se ha consumado la farsa jurídica que significa un serio retroceso en el proceso de democratización, la construcción de la paz y la reconciliación", afirmó en un comunicado la Fundación Rigoberta Menchú. En ausencia de la premio Nobel de la Paz 1992, quien se encuentra de viaje en Suráfrica, la fundación critica que la fiscalía no estuviera en el momento de leer la sentencia, y reitera que continuará el caso en instancias internacionales, "ante la ausencia de justicia en Guatemala".Menchú, que meses atrás renunció a la acusación particular, denunció a principios de este año que el juicio no reunía "los mínimos de imparcialidad, lo que se traduciría en un fallo favorable a la patrulla militar que el 5 de octubre de 1995 asesinó a 11 campesinos, entre ellos dos niños, e hirió a 26 personas".
La sentencia emitida contra los soldados fue censurada por Karen Fischer, de Alianza contra la Impunidad, que dijo: "La resolución denota la vergüenza que sentimos los guatemaltecos de cómo opera la Administración de Justicia". Por su parte, Helen Mack, directora de la Fundación Mirna Mack, manifestó que el dictamen refleja la impunidad que se vive en Guatemala. "La falta de independencia es uno de los problemas que aqueja al sistema de justicia, situación que se hará del conocimiento del relator especial sobre independencia de magistrados y abogados de la Organización de Naciones Unidas, señor Daram Kumaraswamy". Éste llega hoy, domingo, a Guatemala.
También Luis Ramírez, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, opinó que la sentencia envía un mensaje de impunidad. "Impunidad escrita en una sentencia condenatoria que está en completa desproporción con el daño causado".
