La Diputación estudia el perjuicio que causa el suelo militar gaditano

La provincia de Cádiz es proporcionalmente la más afectada por instalaciones militares de todo el país. El PSOE pretende acabar con esta situación que, según los agentes sociales, impide el desarrollo económico de numerosos municipios gaditanos. A tal efecto, la Diputación aprobará en la próxima comisión de gobierno la realización de un estudio que analice los diferentes asentamientos y territorios ocupados por el Ministerio de Defensa y su incidencia en el desarrollo provincial. Este informe fue anunciado ayer la senadora socialista por Cádiz María Jesús Castro, vicepresidenta de la Comisión de Defensa en el Senado, quien trasladó al presidente de la Diputación, Rafael Román, la necesidad de contar con "una herramienta" para poder presionar al Gobierno para que el Ministerio de Defensa renuncie a algunas instalaciones obsoletas y desafecte algunas zonas militares. Las localidades más afectadas son San Fernando, con un tercio del término municipal ocupado de manera muy dispersa; Rota, con el 30 % del territorio ocupado por una base naval; Barbate, con la Sierra del Retín; Jerez; Tarifa y Cádiz. El documento tendrá como objetivo analizar las necesidades reales de las Fuerzas Armadas en Cádiz y la posible optimización de recursos, con la idea de reducir las instalaciones militares que no estén consideradas como prioritarias en el actual proceso de profesionalización del Ejército español. Conciliación Tanto la senadora Castro como Rafael Román coincidieron en la conveniencia de "conciliar y hacer compatibles los intereses de la Defensa Nacional en la zona con los intereses propios de la provincia de Cádiz". Ambos subrayaron que las nuevas Fuerzas Armadas contarán con un contingente humano que oscilará entre los 150.000 a 170.000 profesionales, cifra sensiblemente inferior a los 385.000 militares que había hace una década. Para los dirigentes socialistas, esta reducción del personal humano debe llevar parejo un recorte de las infraestructuras y terrenos ocupados por el Ministerio de Defensa. Castro recordó, en este sentido, que la comisión mixta Congreso-Senado acordó acabar con la dispersión de pequeñas unidades militares y apostar por una reagrupación de los puntos de dominio militar. Según el presidente de la Diputación, el estudio "puede ser el inicio de una transformación en el mapa militar de la provincia". "Espero que tenga como resultado final", añadió Román, "la expansión y desarrollo de la sociedad civil, objetivo que no puede ser rechazado por ninguna Administración pública". En parecidos términos se pronunció Castro: "La provincia de Cádiz no puede seguir siendo la más afectada por servidumbres militares y la Defensa española debe entrar en razón y liberar parte de los terrenos ocupados".