La Fiscalía pide que se impute a Gil por la licencia de una discoteca
La Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia de Málaga ha pedido que el alcalde de Marbella, Jesús Gil, figure como imputado por un posible delito en la redacción de un convenio urbanístico que permitió la construcción de la discoteca Olivia Valere en suelo calificado en el PGOU de 1986 como zona verde. El terreno mantiene esta categoría en el ordenamiento aprobado por el Ayuntamiento hace un año -y que la Junta ha paralizado- aunque le añade un posible uso "comunitario".
La sociedad privada que gestiona la sala se constituyó ocho días antes de la firma del acuerdo y abonó 35 millones por una parcela de 4.400 metros cuadrados en una zona privilegiada de la ciudad. La Fiscalía ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, María Luisa de la Hera, que amplíe a Gil la imputación por un presunto delito contra la ordenación del territorio por esa obra. El juzgado abrió diligencias informativas a finales de 1997 a raíz de la denuncia de un grupo ecologista y de un particular. Ya tomó declaración a los miembros de la comisión de gobierno marbellí que firmaron el convenio con la empresa Aqualung Ocio SL, a la que otorgaron la licencia para edificar el inmueble en junio de 1997. La rúbrica de Jesús Gil no aparece en los documentos suscritos por el consistorio en esta operación. Pero, además, la Fiscalía ha solicitado a la magistrada que instruye el caso que le aporte otros escritos, por si de ellos se dedujeran nuevas líneas para la investigación. Según los datos que maneja el fiscal Juan Carlos López Caballero, el 27 de noviembre de 1996 el Ayuntamiento firma un convenio con la sociedad Aqualung, a cuyo frente aparecen dos ciudadanos franceses, en el que se contempla la construcción de un complejo de ocio sobre una extensión de 14.000 metros cuadrados en la zona conocida como Las Lomas del Río Verde. Algo más de 4.000 metros se destinarían a la discoteca. El convenio contempla que el Ayuntamiento tendrá que desafectar ese suelo para permitir su venta privada y que se le adjudicaría a la empresa por 35 millones de pesetas el terreno en el que se levantaría la futura sala de fiestas, si tras la pertinente subasta pública quedara desierta. Hasta el momento, del complejo previsto tan sólo se ha realizado la discoteca. En este momento, los juzgados de Marbella tramitan contra el Consistorio hasta 31 asuntos distintos por presuntos delitos contra la ordenación del territorio.
