El PSC denuncia falta de control sobre las empresas de seguridad

Un año después de que un joven muriera como consecuencia de la paliza que le dieron los porteros de una discoteca en L"Hospitalet, el sector de las empresas privadas de seguridad sigue registrando un elevado grado de intrusismo, propiciados entre otras cosas por la ausencia de un control administrativo riguroso. Un diputado socialista, Xavier Guitart, denunció ayer que las inspecciones "son muy laxas", especialmente en discotecas y locales nocturnos.

Guitart explicó ayer que tiene constancia directa de la existencia de irregularidades en el sector de la seguridad privada. En particular, el diputado afirmó que en muchas ocasiones ejercen como vigilantes personas que no han sido contratadas por empresas de seguridad, en contra de lo que exige la ley. El incumplimiento de esta condición implica otros. Los vigilantes que trabajan en empresas de seguridad deben superar pruebas específicas y exámenes psicotécnicos que determinan si están en condiciones de ejercer unas funciones cuya materia prima es el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. Estas empresas están obligadas por ley a proporcionar formación y reciclaje periódico a sus empleados. Pero todas estas condiciones no se cumplen cuando los locales de ocio contratan directamente a sus vigilantes. Guitart afirmó ayer que las denuncias por la actuación de vigilantes que se han extralimitado responden a esta situación, pero también a que el Departamento de Gobernación, a quien corresponde el control de estas actividades, "no hace nada" o se limita a abrir expedientes sobre incidentes. Inspecciones y sanciones Guitart ha presentado una batería de preguntas al Gobierno catalán para que el consejero de Gobernación, Xavier Pomés, explique de qué forma se persigue el instrusismo en el sector de la seguridad privada, cómo se controla la formación profesional del personal que realiza este trabajo, cuántas inspecciones se han realizado desde 1995 y cuántas sanciones se han impuesto. El diputado sostiene que las irregularidades en este sector son muy abundantes, pero trascienden relativamente poco "porque sus víctimas suelen ser jóvenes que no las denuncian más que cuando implican daños físicos graves". Anton Cañellas, del Síndic de Greuges, en su informe del pasado año, dedica especial atención al déficit legislativo que existe en materia de seguridad privada y en concreto sobre el derecho de admisión que se ejerce en establecimientos públicos como bares, discotecas y espectáculos. El Síndic se queja de que el Departamento de Gobernación del Gobierno catalán todavía no ha elaborado un reglamento al respecto pese a haberlo anunciado para 1995. En su informe, Cañellas, anuncia que incoó un expediente de oficio a raíz de la muerte de un joven, en una discoteca de L"Hospitalet, apaleado por los porteros.

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