Familiares de víctimas chilenas reclaman al Reino Unido que juzgue a Pinochet si España renuncia

El abogado Geoffrey Bindman -en nombre de Amnistía Internacional, el Reino Unido y las víctimas de la dictadura del general Augusto Pinochet- escribió el pasado 5 de agosto una carta al abogado del Estado del Reino Unido, lord Gareth Williams, en la que, a la luz de las negociaciones entre los Gobiernos español y chileno sobre un posible arbitraje amistoso, le pide "seguridades de que "autorizará y si es necesario llevará adelante la persecución del senador Pinochet" en Gran Bretaña "en el caso de que la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de España sea retirada".

Bindman participó personalmente en los juicios de la Cámara de los Lores respecto a la inmunidad de Pinochet, habida cuenta que representa desde hace muchos años a organizaciones de derechos humanos y, también, a víctimas de nacionalidad británica, como son los casos de William Beausire, desaparecido durante la dictadura militar chilena, o la doctora Sheila Cassidy, detenida y liberada después de ser salvajemente torturada en Santiago de Chile. Entre esas organizaciones se encuentra en primer lugar Amnistía Internacional del Reino Unido y la Fundación Médica para el Cuidado de las Víctimas de la Tortura.En la carta, el letrado cita informaciones de prensa según las cuales "el Gobierno de España podría aceptar un arreglo con el de Chile y buscar la retirada de la petición de extradición del senador Pinochet", y recuerda que "después de su arresto, en octubre de 1998, invitamos a su predecesor a perseguirle penalmente o autorizar la acusación de acuerdo con la sección 134 de la ley de Justicia Criminal de 1988 y de la sección 1 de la ley de Toma de Rehenes de 1982".

El Abogado del Estado de Su Majestad es uno de los dos departamentos legales del Gobierno del Reino Unido y, según la ley inglesa, asume los casos de interés público o impulsa ciertos procedimientos como asesor jurídico áulico del Gobierno. Puede impulsar, no autorizar o frenar un procedimiento de acuerdo a su interpretación del interés general. El pasado 29 de julio, el primer ministro, Tony Blair, sustituyó como abogado del Estado a John Morris y nombró a lord Gareth Williams.

Bindman puntualiza en su carta: "Siempre hemos dejado claro que nuestros clientes estarán satisfechos con la extradición del senador Pinochet a España y de que buscaban un procedimiento contra él en el Reino Unido sólo en caso de que la extradición no siguiera adelante".

Agrega que "existe una obligación por parte suya, por el Servicio de Fiscalía de la Corona y por el Comisionado de la Policía Metropolitana de investigar acusaciones de tal gravedad apoyadas en pruebas importantes, aun en el caso de que las pruebas aportadas por el público, como es el caso de nuestros clientes, puedan ser halladas insuficientes en algunos puntos... La eventual terminación del proceso de extradición requeriría con toda seguridad que el Gobierno del Reino Unido reexamine el asunto con la vista puesta en actuaciones penales. La obligación de llevar a los torturadores ante la justicia sería, de no ser así, incumplida".

En el caso de que el Gobierno español, dice la carta, "no desee proceder, no vemos razón alguna para que las pruebas aportadas por él al Servicio de Fiscalía de la Corona no puedan ser utilizadas para apoyar una investigación en el Reino Unido". La carta subraya: "Nuestra experiencia demuestra que el Gobierno ha tenido dificultades hasta ahora en desarrollar un sistema activo y coordinado para cumplir sus obligaciones con la Convención contra la Tortura. Esto puede no ser importante cuando otro país está buscando una extradición, pero es una limitación seria cuando no existe tal solicitud".