El poder judicial de Irán elabora una ley contra toda disidencia

El aparato judicial iraní, dominado por los conservadores, ha reaccionado con celeridad a los disturbios estudiantiles de principios de mes y ha entregado al Gobierno un proyecto de ley que define todo lo que será considerado en Irán un crimen político. La lista es exhaustiva y tiene en su punto de mira a los periodistas: será un crimen político, por ejemplo, conceder una entrevista a un medio de comunicación extranjero. "Una entrevista con cualquier medio de comunicación extranjero es un crimen", titulaba ayer a toda página el periódico reformista Manateq-e Azad. Según el texto del borrador, difundido por la agencia oficial, Irna, "la propagación de informaciones falsas o de rumores, cualquier contacto o intercambio de informaciones, de entrevistas o de complicidad con embajadas, organizaciones, partidos o medios de comunicación extranjeros, cualquiera que sea el nivel, que puedan dañar la independencia, la unidad nacional o los intereses de la República Islámica son considerados delitos políticos". La agencia no precisa cuáles son las penas propuestas para esas ofensas. Este proyecto de ley, cuya publicación por la prensa local coincide con el aniversario de la llegada a la presidencia del moderado Mohamed Jatamí, amenaza con provocar una nueva polémica entre los sectores reformistas y los conservadores del régimen a seis meses de unas elecciones legislativas que se consideran cruciales para determinar el margen de maniobra del jefe del Ejecutivo. El texto debe someterse ahora a la aprobación del Gobierno, antes de pasar al Parlamento. Un experto legal consultado por la agencia Reuters manifestó que la ley va contra la Constitución y que resulta improbable que sea aceptada por el Gabinete de Jatamí en su redacción actual. Mordaza a la sociedad civil En opinión de quienes se oponen a este último ataque a las libertades del jefe del Poder Judicial saliente, Mohamed Yazdí, el texto pretende amordazar a la incipiente sociedad civil que ha impulsado Jatamí desde su aplastante triunfo sobre el candidato conservador en las elecciones de 1997. El presidente que logró llevar a las urnas al 90% de la población y obtuvo un respaldo de más de dos tercios de los votantes, abogó el pasado junio por una reforma profunda de las prácticas de la justicia. Jatamí denunció entonces las confesiones forzadas, los procesos sin jurado a la prensa y el abuso de las acusaciones por "crímenes políticos". "Un Estado fuerte es un Estado en el que se respetan las libertades legítimas, no un Estado en el que se intenta reducirlas", declaró entonces Jatamí ante los responsables judiciales.