El Gobierno da luz verde al proyecto de regular la tenencia de animales peligrosos

En el próximo futuro, para poseer un animal potencialmente peligroso será necesario obtener una licencia administrativa que otorgará el Ayuntamiento y cumplir una serie de requisitos, entre los que se incluye haber alcanzado la mayoría de edad, no tener antecedentes penales, obtener un certificado de aptitud psicológica y formalizar un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. Es una de las normas que contempla el anteproyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros sobre el régimen jurídico básico de la tenencia de animales peligrosos, materia que hasta la fecha se venía regulando fundamentalmente a través de normas municipales. La nueva normativa tiene como objetivo regular además la importación y cría de animales salvajes en cautividad, así como las condiciones para la posesión, comercio y adiestramiento de perros potencialmente peligrosos. El texto se ha remitido a la Comisión Nacional de la Administración Local, y se aprobará definitivamente en septiembre. Afecta a todos los animales que, perteneciendo a la fauna salvaje, son utilizados como animales domésticos, de guarda, de protección o de compañía y que, con independencia de su agresividad, pertencen a especies que pueden causar muerte o lesiones. El proyecto de ley regula igualmente la tenencia de animales pertenecientes a la especie canina que, incluidos dentro de una tipológía racial, pueden considerarse, por su envergadura y características, potencialmente peligrosos. También necesitarán una autorización especial para su funcionamiento los establecimientos o asociaciones que alberguen este tipo de animales para su explotación, cría, comercialización o adiestramiento. El texto condiciona además la compraventa o donación de animales potencialmente peligrosos a la posesión de la licencia administrativa por ambas partes, la acreditación de la cartilla sanitaria actualizada y la inscripción de la transmisión en el Registro Municipal. En el registro, que deberá existir en todos los municipios, los propietarios, criadores o tenedores deberán dejar reflejados sus datos personales, las características del animal y el lugar de residencia, creándose a la par un registro central informatizado en cada comunidad autónoma que podrá ser consultado por todas las administraciones públicas. El texto aprobado prohíbe el adiestramiento de animales dirigido a acrecentar y reforzar su agresividad, exigiendo a los adiestradores un certificado de capacitación para el desempeño de su labor, que será otorgado por las administraciones autónomas. El proyecto de ley contempla tres tipos de infracciones administrativas, con multas de 25.000 a 2.500.000 pesetas. Para el PSOE, este proyecto es un "brindis al sol". El diputado socialista Demetrio Madrid acusó al Gobierno de "improvisar a golpe de situaciones emocionales", al promover a toda prisa la aprobación de esta normativa, informa Servimedia. Según Madrid, se intenta ahora regular una situación que está abandonada, y puso como ejemplo la inexistencia de control y vigilancia respecto a las luchas de perros.