"La subida de las pensiones hará posible que se creen yacimientos de empleo"

Isaías Pérez Saldaña dirige una Consejería cuyo objetivo esencial es evitar que la sociedad quede fragmentada en dos grupos: las personas que se benefician de las ventajas del mundo desarrollado y aquellas que viven sumergidas en la marginación. Pérez Saldaña quiere que la gente comprenda que la exclusión de miles de personas lastra la economía y origina violencia.Pregunta. ¿Qué función ha de cumplir una Consejería de Asuntos Sociales en una sociedad que se acerca al Tercer Milenio? Respuesta. Sobre todo, debe ser capaz de dar un salto cualitativo hacia una auténtica política de derechos sociales para los colectivos más desfavorecidos. Hay que crear entre la gente la conciencia de que la inversión en política social es rentable desde el punto de vista económico. La inversión en política social elimina los deterioros que se producen cuando la sociedad se dualiza en dos grupos: los que se benefician del desarrollo y los excluidos. Una Consejería de Asuntos Sociales debe ser capaz de legislar en materia social. Nosotros hemos hecho cuatro leyes en los tres últimos años dedicadas a los niños, los mayores, las personas discapacitadas y los drogodependientes. P. El Tribunal Constitucional ha avalado la subida de las pensiones aprobada por la Junta. ¿Cómo ha recibido la noticia? R. A la espera de la sentencia definitiva, el Tribunal Constitucional viene a tranquilizar a los andaluces en el sentido de que su Gobierno tomó medidas acertadas para proteger a las personas mayores con las pensiones más bajas. El Tribunal Constitucional viene, sobre todo, a dejar claro que el sistema no contributivo no perturba la caja única de la Seguridad Social. Todas las comunidades debemos llegar a un acuerdo para que haya una nueva política de pensiones y hagamos posible que las pensiones contributivas, que sí son de la caja única, tengan un suelo único: el del salario mínimo (algo más de 67.000 pesetas) y que las no contributivas no estén por debajo del 75% del salario mínimo. La subida de las pensiones hará posible que cinco millones de españoles se beneficien de esta medida y que se creen yacimientos de empleo para su atención. Personas con mejores pensiones podrán solicitar ayudas a domicilio e ingresar en residencias. De esta forma, habrá empresarios que apuesten por unas pensiones que crearán empleo. P. El PP dice que esta medida puede desmembrar el sistema de protección social. Según esta tesis, las comunidades más ricas pagarían pensiones más altas. R. Ni siquiera eso es verdad. Si las comunidades autónomas quieren mejorar las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas, debe tomarse esta medida. Hay que hacer algo por los más desfavorecidos. A lo mejor convendría fijar parámetros de homogeneidad en el sector educativo, policial... Pero en estos sectores no hay pegas. En cambio, a los pobres sí que se les ponen pegas. Debemos hacer un esfuerzo de generosidad. P. ¿Por qué medidas de política social hay que apostar a corto y medio plazo? R. Hay que seguir siempre las medidas del Pacto de Toledo. En tres años cualquier pensión contributiva debe llegar al salario mínimo. Las pensiones de viudedad contributivas deben acercarse al 75% de la pensión que cobraba el marido. Y las no contributivas y asistenciales deben incrementarse hasta el 75% del salario mínimo. Su financiación ha de ser por vía presupuestaria y no de caja única de la Seguridad Social. Eso nos hará socialmente más iguales al resto de Europa. Porque entre 1996 y 1998 la inversión en pensiones ha disminuido en dos puntos respecto al Producto Interior Bruto en España. P. ¿La sociedad competitiva de hoy en día no está incrementando el número de pobres? ¿Qué se puede hacer contra esto? R. La lucha contra la exclusión se ha de hacer a través de la integración laboral. Tiene que haber un salario base para subsistir con un plan de integración laboral que sitúe a estas personas en mecanismos normalizados de empleo. Debe haber un compromiso del que recibe la prestación y debe haber un seguimiento por parte de los servicios sociales. Dar dinero a cambio de nada no es positivo si queremos luchar contra la exclusión. El único instrumento posible para ayudar a los sectores más débiles a salir de la exclusión es la formación. Tenemos que impulsar una nueva normativa que haga posible la creación de empresas de inserción con ventajas fiscales, bonificaciones. Por ejemplo, las comunidades terapéuticas no sólo tratan de rehabilitar a los drogodependientes, sino de darles instrumentos de formación y ponerles en una empresa de inserción social. Debemos, además, tener en cuenta que no todo el mundo tiene que trabajar en profesiones que sean muy competitivas. Deben promoverse trabajos no cualificados pero que son necesarios para la sociedad. P. Andalucía ha sido durante siglos una de las regiones más pobres de España. R. La Consejería de Asuntos Sociales tiene como competencia la parte de Andalucía que todavía es la foto negra. Hablamos de los gitanos, un colectivo donde se dan situaciones de pobreza. Hablamos de los inmigrantes. También hablamos de personas discapacitadas a las que nadie ha integrado laboralmente. Con todo, Andalucía ha avanzado en el desarrollo económico y cada vez hay más gente que se integra en una sociedad de plenos derechos. P. ¿No hay grandes diferencias de desarrollo y bienestar social entre los gitanos? R. Sí. En Andalucía hay 300.000 gitanos. Hablamos de marginalidad en el caso de 80.000 gitanos. Es un importante número de personas que aún están fuera de la realidad de una sociedad desarrollada. La lucha de la mujer en el mundo gitano ha sido difícil, pero alcanza planos de mejora e igualdad. Hay claves que se llevan en la cultura gitana que son, más que otra cosa, claves de cultura machista o primaria. Hay que ayudar a las mujeres gitanas a hacer la revolución dentro de su sociedad. P. La Consejería tiene un teléfono informativo sobre malos tratos infantiles. ¿Vivimos una época donde este fenómeno se ha intensificado? R. Hoy en día este tipo de casos afloran con más facilidad porque nadie está dispuesto a que a un niño se le falte a sus derechos. Aumentan las denuncias de niños que sufren abusos, niñas sobre todo. Muchas veces las denuncias proceden de profesores o vecinos que son testigos de este tipo de situaciones. El 80% de los casos de abusos sexuales en las niñas se produce en el seno familiar. Ahora se denuncian. Aunque siguen existiendo circunstancias que dificultan las denuncias. Muchas niñas piensan que son las culpables, no entienden que su padre, su tío o su abuelo les haya hecho eso y, además, saben que su denuncia puede llevar a ese familiar a la cárcel, cuando en algunos casos es la principal fuente de sustento del hogar. Hay educadores o personal sanitario que se dan cuenta de estas situaciones tras comprobar determinadas actitudes de las niñas. Hay, con todo, menos niños en situación de tutela. En los últimos cinco años se ha pasado de 15.000 a 7.500. Se va más a un modelo de familias acogedoras. El 60% de los 7.500 niños tutelados por la Junta viven en una familia. P. ¿Cómo hay que tratar la inmigración? R. Hay que tener clara una cosa. Los inmigrantes salen de su tierra porque son perseguidos o porque se mueren de hambre. Muchos andaluces tuvieron que emigrar y fueron hacia Alemania, Suiza, Francia, Cataluña, el País Vasco... El mestizaje será el signo del siglo XXI. En Europa no hay una política de inmigración. Parece que a nosotros se nos quiere hacer jugar el papel de gendarmes de Europa cuando debemos ser puente de flujos migratorios controlados. A muchos inmigrantes que trabajan en la economía sumergida desde hace años hay que darles la oportunidad de normalizar su situación. Hay que condonar la deuda de los países del Tercer Mundo y desarrollar el norte de Marruecos con una economía que cree un colchón de riqueza.

"El único instrumento para ayudar a los más débiles a salir de la exclusión es la formación"