La farsa del lino

DESPUÉS DE seis días de trabajo y 35 comparecencias -la última, de la ex ministra de Agricultura Loyola de Palacio- es difícil evitar la sensación de que la comisión parlamentaria encargada de investigar las irregularidades en torno a las subvenciones al lino ha sido un montaje político organizado para exculpar a los altos cargos de Agricultura implicados en la percepción de subvenciones y a la ministra que los nombró. No es serio dar seis días de plazo, en la semiclandestinidad de los últimos días de julio, a una comisión investigadora. Pero así lo quiso el PP, con el inestimable apoyo de Convergència i Unió, dispuesta siempre a ayudar al Gobierno cuando trata de cegar vías de investigación.A pesar del relativo éxito del PP en limitar la capacidad investigadora de la comisión, de las comparecencias de los funcionarios públicos implicados en la percepción irregular o ventajista de las subvenciones se desprenden conclusiones devastadoras sobre su ética personal y pública. De sus declaraciones se extrae que Quintiliano Pérez Bonilla, director general de Ganadería, es propietario de una empresa ganadera; que familiares de Nicolás López de Coca, dimitido presidente del Fondo de Garantía Agraria que fijaba las normas, tienen sociedades para producir y transformar lino; que Carlos Moro, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, es empresario agrícola y el mayor cultivador de lino de la provincia de Cuenca, y que Gonzalo Ruiz Paz, ex director financiero de Mercasa, es propietario de una empresa transformadora que trabajaba con todos ellos. Eran servidores públicos y empresarios a tiempo parcial. Que consideren una incompatibilidad tan flagrante como algo normal refleja cumplidamente la confusión de intereses públicos y privados de todos ellos.

Las declaraciones de la futura comisaria europea aumentan la sensación de insensibilidad democrática y desprecio ético que exhiben sus antiguos subordinados. De Palacio afirma que "se ha tratado de criminalizar la actividad de 4.000 familias que aparecen ante la opinión pública como auténticos delincuentes". Más bien se trata de exigir responsabilidades políticas a cuatro funcionarios del Gobierno que han compaginado desahogadamente sus servicios al Estado con la percepción de dinero público. Tampoco acierta la ex ministra al reducir el caso a "un problema de estética en la actuación de algunos altos cargos". Resulta que la estética, cuando atañe a servidores públicos, se convierte en ética. Es de temer que las conclusiones de la comisión sean otro apaño entre el PP y CiU para echar tierra al asunto; pero será a costa de la credibilidad del Parlamento. Han convertido a la comisión en un esperpento sin valor; por eso sus conclusiones no tendrán efecto exculpatorio alguno.