El TSJA rechaza otro recurso contra las expropiaciones del Guadiamar

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado un auto en el que rechaza la admisión a trámite, por la vía especial de protección de derechos fundamentales, del recurso de inconstitucionalidad planteado por el propietario agrícola Ricardo Sarrío Fuertes contra el decreto de expropiación de las tierras del Consejo de Gobierno de la Junta para la creación del corredor verde, última fase de restauración de la cuenca del Guadiamar, tras el vertido tóxico de las minas de Aznalcóllar. Éste es el segundo recurso presentado por un propietario agrícola cuya admisión deniega el TSJA. Fuentes judiciales dijeron que el auto no se pronuncia sobre el fondo del asunto, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley 11/98 sobre la que se fundamente la decisión del Consejo de Gobierno, si bien considera "inadecuado" que el asunto se tramite por la vía "preferente y sumaria" de la protección de derechos fundamentales. Y todo ello, porque el tribunal considera, al igual que en el recurso anterior, que el derecho a la propiedad (recogido en el artículo 33 de la Constitución Española) que se considera vulnerado por el recurrente no es un derecho fundamental, pese a que se haya alegado igualmente conculcación de la tutela judicial efectiva (artículo 24) que sí debería tramitarse por la vía especial. Inadecuado procedimiento En este sentido, el TSJA no admite a trámite el recurso por "inadecuación" del procedimiento y deja abierta al recurrente la vía contencioso-administrativa. Este camino representa en la práctica que la resolución del asunto será más lenta por la acumulación de asuntos pendientes en los órganos del orden contencioso. Hasta ahora, el TSJA ha rechazado dos recursos de inconstitucionalidad presentados por propietarios agrícolas que consideraron vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, pues, al ser expropiados, creen que queda mermada su posición en el proceso penal abierto en el juzgado de instrucción número 2 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) y no podrán exigir indemnizaciones en el futuro. En este sentido, la propietaria Carmen Moraira, presidenta de la Asociación de Afectados por el Vertido Tóxico, ha asegurado, tras ser rechazado su recurso, que acudirá a la juez instructora del caso para que plantee una cuestión de inconstitucionalidad a la ley si la magistrada lo estima oportuno. La organización agraria Asaja también ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra las expropiaciones, basándose en un dictamen del catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, que concluyó que la orden de expropiación vulnera los principios de "razonabilidad, proporcionalidad y tutela judicial efectiva, criminaliza a los damnificados, a quienes trata como si fueran culpables del daño, y supone un verdadero proceso de exoneración de responsabilidades para el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía".