Suspendida la juez decana de Marbella pese a un último intento de Gil para evitarlo

La Comisión Disciplinaria del Poder Judicial decidió ayer por unanimidad suspender cautelarmente en sus funciones a la juez decana de Marbella, Pilar Ramírez, pese a un intento de última hora del alcalde de la localidad malagueña y presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil. La ley impide que un juez ejerza en una localidad de menos de 100.000 habitantes en la que sus familiares tengan fuertes intereses económicos y Marbella, según el INE, no llega a los 99.000. Gil envió una carta en la que se certificaba que en el municipio viven más de 105.000 personas, pero fue desestimada.

La ley especifica que la suspensión es por un periodo máximo de seis meses, mientras se tramita el expediente disciplinario por dos faltas muy graves abierto por el órgano de Gobierno de los jueces a instancias del Servicio de Inspección.La decisión, que había sido solicitada por el fiscal e informada favorablemente por el instructor del expediente disciplinario, el presidente de la Audiencia de Almería, Juan Ruiz Rico, fue comunicada ayer a la juez y hecha efectiva por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Augusto Méndez de Lugo.

Pilar Ramírez, al ser suspendida como juez, queda automáticamente suspendida también en sus funciones de decana de los juzgados de Marbella, por lo que tampoco podrá efectuar el reparto de los asuntos.

Las irregularidades atribuidas a la magistrada fueron denunciadas por la Fiscalía Anticorrupción y el Consejo del Poder Judicial decidió que el Servicio de Inspección investigase los hechos. Los inspectores aconsejaron la apertura de cinco expedientes disciplinarios por faltas muy graves, pero la Comisión Disciplinaria decidió abrir un sólo expediente por dos faltas muy graves: la incompatibilidad para ejercer como juez en Marbella debido a los importantes intereses económicos de sus familiares -padre, madre, hermano, esposo y primo- en la localidad malagueña, y la inobservancia del deber de abstención en causas que afectaban a sus familiares o a Jesús Gil, con el que aparece relacionada.

La juez formuló alegaciones, pero ni el instructor del expediente, el magistrado Juan Ruiz, ni la Comisión Disciplinaria les han dado credibilidad.

La ley establece que un juez es incompatible para ejercer en una localidad cuando ésta tenga menos de 100.000 habitantes y residan en ella familiares hasta el segundo grado de consanguinidad con fuertes intereses económicos.

Maniobra de Gil

La Inspección entendió que la juez Ramírez estaba incursa en esa incompatibilidad porque Marbella tiene menos de 100.000 habitantes y su familia tiene negocios con el Ayuntamiento de Marbella y aparece como representante de unos italianos vinculados a la familia mafiosa Santapaola.La Inspección incluso solicitó la reapertura de otro expediente abierto en 1997 a la magistrada por el mismo motivo y que se archivó en 1998 partiendo de datos falsos, ya que la juez aportó una certificación del Ayuntamiento de Marbella que en un pleno ad hoc rectificó el padrón para situarlo en 102.050 habitantes. Sin embargo, las cifras oficiales de población corresponde fijarlas al Instituto Nacional de Estadística, y no a los ayuntamientos. Y el INE no otorgó validez a los datos recibidos del Ayuntamiento de Marbella porque había inscripciones duplicadas en el censo, había también duplicados con el censo de otras localidades y, por último, las defunciones detectadas no habían sido dadas de baja. El INE certificó que la población oficial de Marbella a 1 de enero de 1998 eran 98.377 habitantes, cifra oficial también a 30 de junio de 1999.

Jesús Gil quiso echar una mano a la juez y el miércoles por la tarde remitió al Consejo del Poder Judicial una carta firmada por el secretario del Ayuntamiento de Marbella en la que indicaba que el número de habitantes de la localidad se ha elevado a 105.000, lo que salvaría la incompatibilidad de la juez decana.

Fuentes del Consejo informaron que la Comisión Disciplinaria se limitó a incorporar el documento al expediente y archivarlo, pues era irrelevante a los efectos de la suspensión.

En todo caso, la carta sería considerada por el instructor del expediente al resolver el fondo de la falta muy grave por incompatibilidad, pero las citadas fuentes también restaron relevancia al documento ya que no es el Ayuntamiento, sino la certificación del Instituto Nacional de Estadística, con un informe favorable del Consejo de Empadronamiento y aprobada por el Gobierno, mediante real decreto, la que otorga al censo carácter oficial, lo que no ocurre en este caso.

No es la primera vez que el Consejo del Poder Judicial suspende cautelarmente a un juez, recientemente fueron suspendidos José María Manzanares, y Luis Blánquez. Este último continúa suspendido.