Los jueces catalanes han impuesto 1.300 penas alternativas a la prisión

Desde la entrada en vigor del Código Penal, en mayo de 1996, los jueces catalanes han dictado 1.337 sentencias que imponían penas alternativas a la prisión. La Generalitat de Cataluña, que es la única comunidad que tiene transferidas las competencias penitenciarias, considera que las cifras reflejan su política de los últimos tres años, diferente a la del Ministerio de Justicia. En España hay actualmente 45.668 presos, de los cuales 6.127 están en Cataluña. La proporción es de 119 reclusos por cada 100.000 habitantes en el ámbito español, frentre a los 101,4 en Cataluña (un 15% menos), en donde 479 personas cumplen una pena fuera de la cárcel.

El Consejo General del Poder Judicial redactó hace unas semanas un informe, a petición del Congreso, en el que advertía del peligro de masificación de las prisiones que comportará el cumplimiento íntegro de las condenas previsto en el Código Penal. Ese mismo texto también recoge penas alternativas cuando la condena oscile entre los seis meses y los dos años de prisión, recordó ayer la consejera de Justicia de Cataluña, Núria de Gispert. "El problema es que, fuera de Cataluña, esas medidas alternativas son prácticamente inexistentes porque no ha habido voluntad política para aplicarlas", explicó.De Gispert se refirió a las cifras oficiales para diferenciar el panorama penitenciario en España y Cataluña y aseguró que, de las 479 personas que cumplen pena fuera de la prisión, "la mayoría estaría dentro si no se aplicasen las medidas alternativas". De esas 479 personas, 394 tienen impuesta una medida penal alternativa, otros 60 cumplen penas de arresto de fin de semana y 25 más participan en la actualidad en una experiencia piloto de mediación y reparación del daño causado a la víctima. "Eso es lo que diferencia al sistema penitenciario catalán del español", aseguró la consejera de Justicia.

Tratamiento ambulatorio

La medida penal alternativa que más se ha aplicado en Cataluña desde la entrada en vigor del Código Penal ha sido el tratamiento ambulatorio de deshabituación a las drogas o al alcohol (503 sentencias), seguida del trabajo en beneficio de la comunidad (420), el tratamiento ambulatorio psiquiátrico (129) o el internamiento en un centro de deshabituación (98). En otros 54 casos se dictaron sentencias que obligaban al condenado a participar en programas de educación viaria o sexual. El resto son situaciones muy diversas.El trabajo en beneficio de la comunidad es la pena que más ha aumentado. De las seis sentencias que se dictaron en 1996 se ha pasado a 153 en los primeros seis meses de este año. Ese espectacular aumento se explica, entre otros motivos, por el convenio de colaboración que en su día firmó la Generalitat con las dos asociaciones de municipios de Cataluña, al que se han adherido 177 ayuntamientos, para facilitar el cumplimiento de esas penas.

Otras 19 entidades catalanas sin ánimo de lucro también tienen firmados convenios de colaboración para hacer posible el cumplimiento de esa medida penal alternativa. En Cataluña hay actualmente 150 plazas para cumplir penas de arresto de fin de semana. "Al juez hay que darle medios y alternativas para cambiar la tendencia histórica a imponer una multa o una pena mínima de cárcel", aseguró De Gispert. En este sentido, recordó que "lo primero es más cómodo y barato que lo segundo, porque no hay que hacer ningún seguimiento con psicólogos y profesionales, pero no cabe duda que la medida alternativa convierte en útil la pena y contribuye a evitar la masificación de las prisiones"

La consejera de Justicia recordó también que, en 1995, un año antes de la entrada en vigor del Código Penal, se creó en Cataluña una Dirección General de Medidas Penales Alternativas, encargada actualmente de controlar las condenas que se imponen y de asesorar a los tribunales y elaborar informes cuando se les reclaman antes de dictar sentencia o durante su ejecución.